La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó cinco informes de calificación de denuncias constitucionales presentadas en contra de exministros del gobierno de Pedro Castillo, así como dos exautoridades de Tribunal Constitucional y del Ministerio Público.

Uno de los informes fue la denuncia constitucional 052 en contra de Marianella Ledesma Narváez, presentado por el ciudadano Víctor Otoya Petit, debido a que habría incurrido en la infracción al artículo 201 de la Constitución y los presuntos delitos de falsedad genérica, así como usurpación de funciones.

Al respecto, la Subcomisión recomendó la improcedencia de la denuncia, la cual fue aprobada -por unanimidad- con 19 votos a favor.

Asimismo, con 13 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la denuncia constitucional 254 en contra de la congresista Patricia Chirinos, que fue presentada por la exparlamentaria Betssy Chávez Chino, por la presunta infracción de los artículos 102, 103, 110, 112, 113, 114 y 117 de la Carta Magna.

Sobre este punto, se le acusa a Chirinos de falta de respeto e intento de conspiración contra el exmandatario Pedro Castillo, por realizar frases en contra de su gobierno en un foro realizado en Estados Unidos. Sin embargo, para la Subcomisión no se ha demostrado que la parlamentaria haya vulnerado la Constitución.

También fue aprobado, por unanimidad, el informe que declara improcedente la denuncia constitucional 254 en contra de Betssy Chávez, exministra de Trabajo, por la presunta infracción a los artículos 44, 45 y 126 de la Constitución, además de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, falsedad genérica y organización criminal.

Del mismo modo, con 16 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, se declaró improcedente la denuncia constitucional 414 en contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, y los jueces supremos César San Martín, Iván Sequeiros, Erazmo Coáguila, María Altabás y Norma Carbajal, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La extitular del Ministerio Público fue denunciada por supuestamente cometer actos ilegales al investigar, detener y pedir la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo tras su mensaje del 7 de diciembre del 2022. Respecto a los citados vocales supremos, integrantes de la Sala Penal Permanente, se les cuestionó que no hayan hecho nada para impedir las medidas contra el exmandatario.

Finalmente, con 18 votos a favor, uno en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 442 contra Jorge Luis Prado Palomino, exministro de Producción, por el presunto delito contra la administración pública – negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado.

La denuncia fue presentada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, donde se detalla que el extitular de Produce habría direccionado la contratación de su sobrino con órdenes de servicios por 42 mil soles. El exministro habría inducido al entonces director general de Desarrollo Empresarial, Jorge Roberto Palomino Cordero, a que contraten a su familiar.

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