La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (bancada APP), aprobó esta tarde, en su décimo segunda sesión extraordinaria, cuatro informes de calificación que propusieron la improcedencia, y el respectivo archivamiento, de igual número de denuncias.

El primero fue el correspondiente a la Denuncia Constitucional 572, formulada por Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como fiscal de la nación, contra la exfiscal Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico.

A Benavides Vargas se le acusó de haber incurrido en el diseño de un plan para interponer acciones de amparo y paralizar procesos disciplinarios en su contra, además de otros hechos. Obtuvo 11 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

El segundo es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 665, contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, por presunta infracción constitucional y la posible comisión del delito de peculado por uso.

El informe propuso declarar improcedente la denuncia por haber operado la sustracción de la materia, al haber fallecido la congresista denunciada. Fue aprobado por unanimidad: 13 votos.

El tercero es el informe correspondiente a la Denuncia Constitucional 667, contra los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Iván Sequeiros Vargas, Norma Carbajal Chávez, Cesar San Martin Castro, Saúl Peña Farfán y Erasmo Coáguila Chávez; y contra el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

Ello, por la presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de prevaricato/fallo o dictamen ilegal, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y encubrimiento personal. Fue aprobado por unanimidad: 13 votos.

El cuarto es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 681, formulada por la congresista María Agüero Gutiérrez (bancada PL), contra los jueces supremos Manuel Luján Túpez, César San Martín Castro, Saúl Peña Farfán, Edhin Campos Barranzuela y Sara del Pilar Maita Dorregaray, por presunta infracción constitucional y la posible comisión del delito de prevaricato.

Denuncia fue declarada improcedente y se aprobó por mayoría: 11 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA
Seguidamente, se rechazó el pedido del fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para levantar la reserva de la audiencia de la Denuncia Constitucional 444, formulada por el exfiscal de la nación (i) Juan Carlos Villena Campana contra el Juez Supremo Víctor Lucas Ticona Postigo, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias.

El pedido obtuvo 6 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones. Para su aprobación, debió obtener la mayoría legal de votos, esto es, 9.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL