La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó esta noche seis informes de calificación correspondientes a igual número de denuncias constitucionales: dos de ellos procedentes y cuatro improcedentes.

El primer informe de calificación procedente aprobado por unanimidad (11 votos) fue el correspondiente a la Denuncia Constitucional 456, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, contra la congresista Rosío Torres Salinas (APP), por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.

A la parlamentaria se le acusa de haber “doblegado la voluntad” (recorte de parte de sus remuneraciones y la mitad de los bonos recibidos) de trabajadores de su despacho y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ella ejerció la presidencia.

La denuncia cumple con todos los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Por tanto, se le admitió a trámite por procedente, y, además, se acumula a las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares

El segundo informe de calificación procedente aprobado, también por unanimidad (12 votos) es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 470, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, por el presunto delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal.

Morán Soto habría emitido la Resolución Ministerial 334, en el año 2020, en donde habría felicitado a 24 oficiales, y no todos ellos habrían desarrollado las actividades que motivaron dicha felicitación. La denuncia cumple con todos los requisitos pertinentes, y se propuso admitirla a trámite por procedente.

IMPROCEDENTES
Fueron cuatro los informes de calificación que determinaron la improcedencia de igual número de denuncias constitucionales.

El primero fue la Denuncia Constitucional 360, formulada por el ciudadano Ciro Silva Paredes, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud – Genocidio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal y “de lesa humanidad”. La improcedencia fue aprobada por mayoría: 8 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

El segundo corresponde a la Denuncia Constitucional 416, planteada por el ciudadano Franklin Quiroz Saldaña, en representación de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, contra el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, por la presunta infracción al artículo 145 de la Constitución Política del Perú. Aprobado por unanimidad: 11 votos.

El tercero fue el de la Denuncia Constitucional 423, formulada por el ciudadano Alfredo Arroyo Morales, contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 428 y 438 del Código Penal, respectivamente; y por los delitos de “estafa política” y “falso testimonio en el ámbito político representativo”, delitos inexistentes en nuestro marco jurídico.

Fue aprobado por mayoría: 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones

El cuarto corresponde a la Denuncia Constitucional 447, formulada por el ciudadano Bruno Ravina Moreno, contra la Secretaría Técnica (ST) de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por la presunta infracción al artículo 2, inciso 20, y artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Perú.

Los miembros de la Secretaría Técnica no tienen la prerrogativa del antejuicio político. Se aprobó por unanimidad: 12 votos.

Ninguna de estas cuatro denuncias cumple con los requisitos que se establecen en los literales a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

DESIGNACIÓN
Como punto final de la orden del día, Lady Camones Soriano designó al congresista Arturo Alegría García (FP) como delegado ponente de las denuncias constitucionales acumuladas 393, 394 y 408, seguida contra el parlamentario Jorge Flores Ancachi. El ponente deberá remitir su informe de hechos y pertinencia de pruebas en el plazo previsto por el reglamento.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL