La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que preside la legisladora Lady Camones (APP), analizó los informes de calificación de seis denuncias constitucionales presentadas contra exautoridades del Estado y dos parlamentarios.

Uno de los informes analizados fue la Denuncia Constitucional 228 en contra del exministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, por la presunta infracción al artículo 139 e inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que fue presentada por el ciudadano Mario Rafael Ruiz Agüero.

Al respecto, la subcomisión acordó, por unanimidad, declarar improcedente dicha denuncia, ya que no “se advierte que haya transgredido” una norma.

Asimismo, se analizó la propuesta de informe de calificación recaída en la Denuncia Constitucional 235, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, por los presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho activo.

Sobre este caso, se indicó que el exmagistrado ya no cuenta con la prerrogativa constitucional del antejuicio, por lo tanto, se recomendó declarar caduca la denuncia constitucional propuesta. Votaron a favor 16 legisladores, 1 en contra y 1 se abstuvo.

Del mismo modo, se analizó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 293, que fue formulada por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sutep, Lucio Castro Chipana, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Educación, Leoncio Cerna Román, por la presunta infracción a los artículos 2 y 10 de la Constitución.

Al respecto, la subcomisión indicó que la denuncia fue presentada por una persona que no ha sido agraviada de forma directa, por lo que carece de los requisitos de admisibilidad. Por tanto, se recomendó declarar improcedente. Esta fue aprobada con 18 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Luego, por unanimidad, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la Denuncia Constitucional 452, formulada por el ciudadano Carlos Matta Moore en contra del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, el fiscal supremo adjunto Miguel Ángel Vegas Vaccaro; las jueces superiores Teresa Soto Gordón, Rocio Pilar Mendoza Caballero y Madeleine Idelfonso Vargas; así como la jueza especializada en temas laborales, Esther Betty Sánchez Tarazona, por el presunto delito de prevaricato.

CASOS DE CONGRESISTAS

En otro momento, se vio el informe de la Denuncia Constitucional 315, formulada por la ciudadana Mildred Fernández Palomino en contra de la congresista Jackeline Katy Ugarte Mamani (NA), por la presunta infracción al artículo 102 de la Constitución; y por la presunta comisión de los delitos de violencia contra la autoridad y abuso de autoridad, previstos en los artículos 376 y 400 del Código Penal.

Al respecto, con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión declaró la improcedencia de la denuncia, ya que no se ha acreditó elementos mínimos del tipo penal que se le acusa, así como pruebas de que haya infringido la Carta Magna.

Por otro lado, se aprobó el informe de calificación que recomienda la procedencia de la Denuncia Constitucional 390, realizada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del legislador Edgar Tello Montes (BMCN) por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, sancionado en el artículo 400 del Código Penal. Votaron a favor 11 congresistas, 4 estuvieron en contra y 4 se abstuvieron.

Sobre el caso, se detalla que el parlamentario realizó gestiones ante el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, en favor de que una empresa gane una licitación y no se declare su nulidad.

Finalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el nombramiento de diversos legisladores como delegados de los informes de hechos y pruebas de varias denuncias constitucionales.

Entre los elegidos se encuentran los parlamentarios Diego Bazán (AP), Segundo Montalvo (PL), Elizabeth Medina (BM), entre otros.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL