La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuó hoy la audiencia de la denuncia constitucional contra el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, por supuestamente haber presionado a altos mandos de las fuerzas armadas para ascender en el escalafón a militares que serían cercanos al presidente Pedro Castillo Terrones.

La autora de la denuncia, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) sostuvo que, por la forma en cómo las acciones fueron realizadas, el extitular de Defensa habría incurrido en la comisión de dos graves delitos, como son los de coacción y patrocinio ilegal e infracción de la Constitución.

Por su lado, Ayala Gonzales calificó la denuncia de un ensañamiento contra él y que renunció al cargo asumiendo la responsabilidad política, pero no por haber cometido delitos.

Chirinos Venegas al sustentar la Denuncia Constitucional N.° 201/2021-2026, se refirió a las resoluciones firmadas por el exministro y el presidente de la República en las que resuelven concluir los nombramientos de Comandantes Generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú, José Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro Pinto, respectivamente, “sin mayor motivación”.
Hizo alusión a la versión de Vizcarra Álvarez de que el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, Ayala Gonzales y el mismo Castillo Terrones le solicitaron ascender irregularmente a dos coroneles.

Así también hizo alusión de las declaraciones de Chaparro Pinto de que el exministro le había dicho de los ascensos “eran un pedido de arriba”.

Por su lado, Ayala Gonzales sostuvo que las acusaciones contra él carecen de fundamentos de hechos y de derechos. Señaló que él en ningún momento amenazó, obligó y menos que utilizó la violencia, con lo cual no se configuraría el delito de coacción.

Asimismo, señaló que quién decide los ascensos es el presidente de la República y el que hace la proposición institucional es la Junta de Calificación, integrada por 20 generales en un procedimiento que dura diez meses.

Dijo, además, que el caso se está investigando en dos sedes, en la Fiscalía de la Nación y en el Parlamento, lo cual vulnera el principio de non bis in ídem, que implicaría un “hecho de persecución”, por lo que él podría recurrir a un juez constitucional y paralizar el proceso.

La congresista Martha Moyano Delgado (FP) aclaró que el Congreso puede abocarse a las acusaciones constitucionales que llegan a la subcomisión, al margen de los delitos penales que estén en la Fiscalía.

Durante la sesión, se informó que el ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, presentó un oficio en el que se excusa de presentarse a la referida audiencia convocado como testigo del caso.

OTROS TEMAS

De otro lado, la subcomisión aprobó en forma unánime el pedido del congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) delegado de la Denuncia Constitucional 001, de ampliar por 15 días hábiles el plazo, para presentar su Informe de Determinación de Hechos y Pertinencia de Pruebas, en el caso del exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones.

También se dio cuenta de la entrega del informe de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado (PL), delegada de la Denuncia Constitucional N.° 090 (ex 439), sobre la determinación de hechos y pertinencia de pruebas en el caso del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y tres exministros.

OFICINA DE COMUNICACIONES