La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó los informes de calificación que declaran improcedentes cinco denuncias constitucionales, dos de ellas en contra de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y una en contra del exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, por no cumplir con criterios establecidos en el artículo 89, inciso c) del Reglamento del Congreso.

Una de ellas es la Denuncia Constitucional 477, interpuesta por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), contra la presidenta Boluarte Zegarra, el expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya y el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, por la presunta infracción a los artículos 28, 38, 118, incisos 1 y 8 y 128 de la Constitución.

Según el informe, si bien la denuncia cumplía con la regla pertinente por ser legislador en actividad, sus imputaciones no constituyeron para el equipo de la subcomisión infracción constitucional ni delitos de función por parte de la mandataria.

La acusación versaba sobre haber intervenido indebidamente en negociaciones colectivas en el sector público, incumplido normas que garantizan el derecho a la negociación y actuado en forma arbitraria mediante resoluciones que afectan convenios colectivos vigentes, entre otros.

El informe de calificación señala que no hubo en el accionar de la titular del Poder Ejecutivo y sus exministros, una razón que no fuera concordante con la legislación en resguardo del interés nacional.

Puesto al voto el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 477, registró 10 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

También fue aprobado, por ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el informe de calificación que declarada improcedente la Denuncia Constitucional 585, interpuesta por el ciudadano Jorge Luis Otoya Villalba, contra la presidenta Boluarte, más de cien congresistas de distintas bancadas; el expresidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata; la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas; y los jueces supremos Juan Carlos Checkley Soria, José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.

La acusación versaba por la supuesta comisión de los delitos de conspiración, rebelión, homicidio calificado, lesiones graves, usurpación de funciones y prevaricato, tipificados en el Código Penal.

En otro momento, por ocho votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la DC 056 (antes 393), interpuesta por el ciudadano Pedro Guillermo Núñez Ventura, contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y los exministros Walter Martos Ruiz, Ana Neyra Zegarra, Jorge Chávez Cresta y César Gentille Vargas, por la posible comisión de los delitos de requerimiento indebido de la fuerza pública, rebelión y sedición; tipificados en el Código Penal.

Por unanimidad (13 votos) se aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 571 contra los miembros del Tribunal Constitucional, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, Francisco Humberto Morales Saravia, Fielder Domínguez Raro, José Luis Sardón De Taboada, Ferrero Costa, Espinoza-Saldaña Barrera, Blume Fortini, Vergara Gotelti, Mecía Ramírez y Calle Rayen, por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad; tipificados con los artículos 418 y 376 del Código Penal.

Según el documento, el ciudadano John Tiparra Alvarado no demostró en su denuncia ser directamente agraviado.

Finalmente, con el mismo principio, fue archivada la Denuncia Constitucional 609, interpuesta por el ciudadano Renzo Sebastián Díaz Giunta, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Gino Augusto Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, German Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo Cesar Galindo Sandoval, por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión del delito de usurpación de funciones, tipificado en el Código Penal.

Se argumento que Renzo Sebastián Díaz Giunta no demostró ser el directo afectado ni pruebas de su denuncia.

AUDIENCIA RESERVADA

En forma reservada, la subcomisión desarrolló la audiencia de la Denuncia Constitucional 528 presentada por los congresistas Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (FP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD) y Alfredo Azurín Loayza (SP) en contra de los fiscales supremos y exfiscales de la nación, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y Zoraida Avalos Rivera, y la actual titular de esa institución, Delia Espinoza Valenzuela.

La acusación versa por la posible infracción de la Constitución y delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por ser supuestamente posibles instigadores del delito de usurpación de funciones, tipificados en el Código Penal.

En representación de los denunciados estuvo el abogado Samuel Abad Yupanqui.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL