La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, el informe final, elaborado por la congresista Margot Palacios Huamán (PL), de la Denuncia Constitucional N.° 271 formulada por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, contra el excongresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis, por el presunto delito de concusión en contra del periodista Miguel Ángel Calderón Paz.

El documento concluyó en recomendar acusar al exparlamentario por el presunto delito de concusión en agravio del Estado y la administración pública, por los descuentos que habría realizado al sueldo del trabajador de prensa durante los meses que trabajó con él.

De otro lado, la subcomisión, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó admitir a trámite, con 15 votos a favor y seis abstenciones, la Denuncia Constitucional N.° 375, interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra cuatro parlamentarios de la bancada de Acción Popular, por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado, pero rechazó la denuncia de una supuesta autoría de delitos de organización criminal.

Se trata de los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinoza Vargas.

Empero, consideró que la denuncia por los supuestos delitos de organización criminal no puede ser admitida en el presente período de sesiones, pero que la denunciante tiene la posibilidad de hacerla a partir del nuevo periodo anual de sesiones, con nuevas investigaciones y pruebas respectivas. Esto se debe a que la Denuncia Constitucional N.° 300, que versa sobre los mismos denunciados y los mismos delitos, fue archivada anteriormente por el Pleno.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

En otro momento, la subcomisión aprobó, en forma unánime, la recomendación de improcedencia del Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional N.°129 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez supremo, Enrique Mendoza Ramírez, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, tipificado en el artículo 395º del Código Penal.

El argumento esgrimido por la secretaría técnica es que feneció el plazo del antejuicio.

También fue aprobado en forma unánime la propuesta de la improcedencia del Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional N.° 133 presentada por Jesús Linares Cornejo, contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, miembros de la Junta Nacional de Justicia, Henry José Ávila Herrera, Antonio De La Haza Barrantes, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Guillermo Thomberry Villarán, Imelda Tumialan Pinto, Aldo Vásquez Ríos y María Zavala Valladares.

Además, contra el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez; y el contralor General, Nelson Shack Yalta, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, respectivamente.

De igual fue aprobada el informe de calificación que declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional N.° 335 interpuesta por el ciudadano Julio César Ramírez Rojas, contra el congresista José Williams Zapata (Avanza País), y los exministros del Interior Willy Huertas Olivas, Juan Manuel Carrasco Millones, Avelino Guillén Jáuregui, y otros; por la presunta infracción de varios artículos de la Constitución Política del Perú.

NUEVAS DENUNCIAS

Al inicio de la sesión, Camones Soriano dio cuenta del ingreso de la Denuncia Constitucional 382 formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código Penal.

Además de la DC 376 formulada por el ciudadano Robert Bustamante Márquez, contra los miembros del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro, por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú; y por el presunto delito de omisión de funciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL