La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones Soriano (APP), aprobó esta noche, por mayoría, el informe de calificación que declara admitir a trámite la Denuncia Constitucional 352 seguida contra el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

Fueron 12 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones.

A Salas Arenas se le acusa de haber contratado irregularmente, en el JNE, a Fernando Tuesta Soldevilla como consultor y designar también, irregularmente, a Vicente Sánchez Villanueva, en reemplazo de Jorge Ramírez Vélez, como accesitario en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

El informe de calificación concluyó admitir a trámite, por procedente, el extremo de posible autor del delito contra la administración pública, delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de colusión agravada; e improcedente en el extremo de la acusación que se refiere al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.

La denuncia fue presentada por la congresista Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País).

IMPROCEDENCIA

En tanto, el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 467, que solicitaba acusar a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela por la presunta infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución Política del Perú; y por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública, fue declarada improcedente.

El informe de calificación concluyó que no se advierte que la magistrada haya incurrido en los delitos por los que se le acusa, y se aprobó por mayoría con 12 votos a favor, 9 votos en contra y cero abstenciones.

La denuncia fue presentada por los congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Edgar Tello Montes (BMCN), Luis Aragón Carreño (AP), Luis Cordero Jon Tay (AP) e Ilich López Ureña (NoA).

AUDIENCIA

Como primer punto de agenda, se continuó con la audiencia de la Denuncia Constitucional 192 (ex 377), formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra la excongresista Lizbeth Robles Uribe, como presunta autora del delito contra la administración pública – delito cometido por funcionarios públicos – concusión y negociación incompatible.

Estuvieron presentes, como denunciante, el representante del fiscal de la Nación, el fiscal Luis Germaná Matta; y como denunciada la excongresista Lizbeth Robles Uribe, acompañada por su abogado, Daniel Zevallos Ángeles.

Participaron los testigos Mirella Barrios Ramos, José Altez Rodríguez, Sara Milla Abarca,
Hernán Rojas Rugel, Julio Castillo de la Cruz y Jorge Llanos Cerna; los testigos Eduardo Alhuay León y Edward Rojas Rugel no se hicieron presentes.

De conformidad con el literal d5 del artículo 89 del Reglamento del Congreso, finalizada la audiencia y actuadas todas las pruebas, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encargó a la congresista delegada Francis Paredes (Podemos Perú), elaborar su informe para ser presentado, a más tardar, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la audiencia.

Por otro lado, antes de iniciar los puntos de agenda, Lady Camones Soriano dio cuenta de un oficio en el que la congresista Martha Moyano Delgado (FP), delegada de la Denuncia Constitucional 114 (formulada contra la ex presidenta interina del Congreso, Mirtha Vásquez Chiquilín), solicita cinco días hábiles más para entregar su informe de determinación de pruebas y pertinencia de hechos.

El pedido fue aprobado al no haber ninguna oposición.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL