Los congresistas de distintas bancadas incidieron en su preocupación por las necesidades de los sectores más vulnerables, pero destacaron los esfuerzos por designar recursos a temas como afrontar la violencia contra la mujer, la salud, la educación y la supervisión de las instituciones que tienen esa responsabilidad.

Marco Arana (FA) dijo que el presupuesto para la población es conocer si habrá mejora, pero que se ha visto que no. “El presupuesto no responde a la deuda social con el sector de los que menos perciben como son los pensionistas”, expresó. En cuanto al tema ambiental dijo que existe un ligero aumento de 73 a 75 millones pero que no es suficiente para todo lo que se requiere afrontar en lo que corresponde a conservación y protección de los recursos naturales.

Marisol Espinoza (APP) se refirió al tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de insistir en un programa paliativo porque es momento de reflexionar qué tipo de sociedad se está generando. Consideró que se evidencia voluntad de parte del Estado, pero que también debe haberlo por el lado de la sociedad.

También solicitó mejorar el servicio del agua a la población y la salud pública que implica atender la anemia y la desnutrición, entre otras enfermedades.

Dijo que los médicos forenses no pueden seguir siendo marginados y de igual manera los profesionales no médicos. Para este sector planteó una disposición complementaria para la aplicación de un ascenso automático hasta el nivel que les corresponda.

Sergio Dávila (PPK) resaltó que en el presupuesto se destinen recursos a salud, educación, la lucha contra la anemia y a favorecer a los sectores más necesitados. Empero, pidió apoyo para el desarrollo de la agricultura, tecnología, entre otros aspectos. 

Horacio Zeballos (NP) sostuvo que el presupuesto en debate es más de lo mismo y es producto de la aplicación de un modelo neoliberal. Cuestionó la exoneración a sectores agroexportadores y que sin embargo no haya recursos para la agricultura y la alimentación de los peruanos.

Armando Villanueva (AP), pidió autorizar al MEF estudios de ingresos remunerativos del sector laboral del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de determinar una nueva escala salarial para servidores de formación en determinadas especialidades, en las que se encuentran incursas más de 18 mil familias.

Con relación a la financiación a los partidos políticos que no hicieron el cobro del financiamiento público, planteó que se autorice a la ONPE a incorporar en su presupuesto institucional del año fiscal 2019 los recursos no ejecutados en el 2017 para destinarlos a los objetivos para los que fueron designados.

Javier Velásquez Quesquén (CPA) saludó al MEF por haber incorporado 68 plazas al moderno Hospital Regional de Lambayeque, que significan la inversión de dos millones 800 mil soles a través de un concurso público para servidores médicos y paramédicos.

También coincidió con la necesidad de asignar recursos a instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y pidió al PCM y MEF una  adicional para destinarlos al Ministerio Público y Defensoría del Pueblo a fin que cumplan  sus funciones de supervisión en zonas alejadas y de escasos recursos que tienen que ver con la educación y la salud. (MED)