Congresistas de diversas bancadas solicitaron mayor recurso humano e inversión para mejoras en el equipamiento y construcción de las dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de combatir la delincuencia, el sicariato, la extorsión y el narcotráfico que se han desbordado en nuestro país.

Fue el martes 19 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Segundo Acuña Peralta (APP), a la que asistió el ministro del Interior, Luis Barranzuela, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022.
La parlamentaria Heidy Juárez Calle (APP) solicitó mayor atención para las comisarías de la región Piura a fin de controlar la delincuencia, frenar
los homicidios y extorsiones a personas con negocios.

“Es importante brindar seguridad a todos los piuranos que trabajan arduamente, que quedan expuestos ante la delincuencia. Por ello, es necesario que desde el Ministerio del Interior se nos informe si la inversión es suficiente para hacer un trabajo efectivo de lucha contra la delincuencia”, sostuvo.

Agregó que en su visita a la región Piura, el presidente Pedro Castillo ofreció la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen. En ese marco, pidió se informe qué acciones se han programado presupuestalmente para poder cumplir con la promesa.

Expresó su preocupación por la implementación vehicular y sobre todo la implementación de infraestructura, toda vez que hay 83 comisarías, de las cuales a solo 8 se han hecho mantenimiento.

“También, hay comisarias que están observadas por Defensa Civil que son inhabitables; sin embargo, los efectivos policiales siguen brindando el servicio en esta infraestructura”, aseveró.

Por su parte, la parlamentaria Tania Ramírez García (FP) afirmó que en Cajamarca desde hace diez años se viene gestionando la construcción de la Escuela de la PNP, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada.

“Lo único que se sabe de esta obra es que cuesta 22 millones de soles, pero no se tiene información de cuándo inicia su construcción”, indicó.
Afirmó que la ciudad de Cajamarca tiene 13 provincias y aún es dependiente de la región Lambayeque cuando debería ser una unidad ejecutora por el hecho que maneja más de 127 comisarías dentro de la región.

“Es inaceptable que se tenga que retrasar los trabajos para logística, construcción. Es necesario que la región Cajamarca tenga su propia unidad ejecutora”, manifestó.

La congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) solicitó se informe el monto que se está invirtiendo en las comisarías de las regiones de todo el país a raíz de la inseguridad ciudadana que se ha expandido en todo el país.

Asimismo, pidió se confirme si las irregularidades anunciadas sobre el reglaje a diversas personalidades en Migraciones se iniciaron en el Gobierno de Francisco Sagasti o en el de Martín Vizcarra.

Además, Juan Carlos Mori Celis (AP) demandó que se agende con urgencia la instalación de comisarías en algunos distritos de la provincia de Ucayali, sobre todo en los centros poblados como Tierra Blanca y Dos de Mayo y el incremento de personal policial en el distrito de Mazán, donde hay presencia de narcotráfico y trata de personas.

RELACIONES EXTERIORES

Al grupo de trabajo también asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua de Romaña, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el próximo año.

En su exposición, señaló que en el 2020 la Cancillería alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 94 %; mientras que el avance presupuestal al 31 de agosto de este año alcanza el 70.87 %, situándolos por encima del promedio de ejecución a nivel de las entidades del Gobierno nacional.

Detalló que los recursos destinados a inversiones en el 2021 ascienden a siete millones, es decir, representa el 0.87 % del presupuesto total, y se estima que al cierre del presente año alcance una ejecución del 22.58 %

“Actualmente se vienen concluyendo los procesos de contratación en las regiones de Loreto y Madre de Dios, por lo que la ejecución de los recursos se realizará durante el cuarto trimestre del 2021”, dijo.

No obstante, mencionó que, para la atención de la emergencia sanitaria, la Cancillería dispone en el presente año de un total de 1.68 millones de soles, de los cuales 1.51 millones corresponden a fondos proporcionados por el Gobierno de Corea del Sur. Estos fondos han sido empleados para el traslado de 400 mil mascarillas quirúrgicas donadas por la República Checa en favor de las regiones de Tumbes, Lambayeque y La Libertad y de 35 generadores de oxígeno donados por el Gobierno surcoreano en favor de Lima y regiones andinas.

CONTRALORÍA

Por su parte, Nelson Shack Yalta, contralor general de la República, solicitó apoyo para el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Control, flexibilizando las asignaciones presupuestales de los pliegos del Gobierno nacional, regional y local.

“Necesitamos que se flexibilice las asignaciones presupuestales de los pliegos, de tal forma que las transferencias puedan fluir con facilidad más allá de los titulares de los Gobiernos nacionales, regionales y locales”, aseveró.

Además, solicitó una disposición para el financiamiento de la deuda a favor de los integrantes de la Asociación de Jubilados y Cesantes. Puntualizó que son cien millones de soles, pero en todo caso como mínimo se requiere que se autorice que cualquier saldo adicional no ejecutado en algunas de las partidas, se pueda al cierre del 2022 trasladarlas a las partidas respectivas para cumplir con obligaciones, “porque es justo y necesario cumplir con los jubilados”.

“Esta no es una deuda nacional es una sentencia de la Corte y tenemos la obligación moral y legal de cumplirla”, puntualizó Shack Yalta.

OFICINA DE COMUNICACIONES