Lima Metropolitana solo cuenta con ocho comisarias especializadas en tema de familia y violencia contra la mujer, y a nivel nacional existen 46 dependencias policiales, cuyos efectivos están capacitados para atender los casos de maltrato familiar.

Esta realidad fue expuesta por el coronel PNP César Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional, ante la Comisión Mujer y Familia, que preside la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (PL).

Explicó que se trata de una unidad orgánica, de carácter técnico, sistémico y normativo, operativo y especializado, responsable del planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de las actividades dirigidas a la prevención, protección e investigación con la finalidad de resolver las denuncias de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar.

“En cuanto a feminicidios es alarmante y preocupante decirlo, en lo que va del 2021 se produjeron 125 feminicidios; en el 2020, hubo 103 casos, y en el 2019, 167”, manifestó.

Explicó que la división a su cargo solo tiene autoridad sobre las comisarías que pertenecen a su ámbito de funciones, por lo que urge corregir la jerarquía de esa unidad policial para incidir en los más de 1400 comisarías del país.

Otro de los problemas que se tiene es la alta rotación policial, que afecta al personal capacitado y especializado para este tipo de tareas, porque no hay la cantidad suficiente de personal para hacer cumplir la ley.

Señaló que, en el 2020, se registraron 240 mil 127 denuncias por violencia familiar a nivel nacional, mientras que en el 2019 fueron 264 mil 124 y en el 2018, 217 mil 777. A la fecha, existen 3414 detenidos que están denunciados por violencia familiar, y 28 mil 144 por incumplimiento de medidas de protección.

Los parlamentarios integrantes de la comisión no ocultaron su profunda preocupación por el diagnóstico expuesto. La congresista Jackeline Ugarte Mamani (PL) preguntó sobre las dificultades que existirían entre la policía y los serenos para coordinar acciones conjuntas en defensa de las víctimas de la violencia familiar.

A su vez, Luis Roberto Kamiche Morante (PL) demandó la participación de psicólogos frente al aumento de la violencia en estos tiempos de pandemia; mientras que su colega Cruz María Zeta Chunga (FP) reclamó la capacitación de todos los policías, «por qué cuando una mujer violentada presenta su denuncia ante la comisaría más cercana, el policía de turno le pregunta: ¿por qué te ha pegado? Además, hay juicios valorativos. «El policía no puede tratar así a una víctima. Hay que capacitarlo y sensibilizarlo», afirmó.

NO SE PRESENTÓ

A la sesión había sido invitado el presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, para que aclare, a pedido de la congresista Rosangella Barbarán (FP), sobre los supuestos actos de violencia familiar contra su expareja. Pero Carhuapoma se excusó, por lo que nuevamente será citado.
También, tenía que rendir un informe completo sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19.

De otro lado, la Comisión de la Mujer se inhibió de pronunciarse sobre el Proyecto de Ley 775, que propone regular a las sociedades de beneficencia, porque es una materia ajena a su competencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES