Por tratarse de un tema de suma relevancia y de interés público, la Comisión de Constitución y Reglamento realizará, el viernes 12, su primera sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Paracas (Ica), con el fin de socializar las iniciativas sobre las causales de interrupción del ejercicio de la Presidencia de la República.

El anuncio lo hizo la congresista Patricia Juárez (FP), presidenta de dicha comisión en la sesión de este martes 9, oportunidad en la que dio inicio al debate de los proyectos de ley 95, 421, 428 y 474 del 2021 sobre la materia con la participación de sus autores.

Juárez expresó el interés de la comisión de fomentar la participación activa de la sociedad civil organizada y demás instituciones públicas en audiencias descentralizadas.

Enseguida informó que se han presentado diversos proyectos de ley que buscan regular los artículos 113 y 114 de la Constitución referentes a las causales de interrupción del ejercicio de la Presidencia de la República; así como los artículos 130, 132, 133 y 134, relativos a la cuestión de confianza facultativa y obligatoria y la censura ministerial. También, se contempla invitar a expertos en la materia.

MINISTROS

La comisión recibió hoy a la presidenta de Consejo de Ministros, Mirtha Vázquez Chuquilín, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, para exponer los fundamentos del Proyecto de Ley 474/2021-PE, Ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

Vásquez afirmó que la propuesta tiene por objeto reformar la Constitución para fortalecer el equilibrio de poderes y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el propósito de lograr la gobernabilidad en el país.

“Ha ido clarificándose una necesidad imperiosa de regularse de manera adecuada, porque dará condiciones de gobernabilidad”, puntualizó.
En tanto que Torres explicó que se propone modificar el inciso 2 del artículo 113 del inciso 1 del artículo 114 y de los artículos 130, 132 y 133 de la Constitución.

Se plantea -dijo- que la Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad mental o física que sean incompatibles por el ejercicio de su función debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso.

También, se propone que el ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal mental o física del presidente que sea compatible con el ejercicio de su función debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso “Solamente así le podemos dar gobernabilidad al país”, agregó.

Respecto a la cuestión de confianza, luego de que el presidente del Consejo de Ministros en compañía de los demás ministros expone la política general de Gobierno y las principales medidas de su gestión, no habrá lugar a voto de confianza.

Sobre la moción de censura, señaló que únicamente procede por materias relacionadas con ejercicio del cargo. Además, el presidente del Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. Esta renuncia obliga a los demás ministros también a renunciar.

Asimismo, precisó que la cuestión de confianza procede en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados con la política general del Gobierno, la iniciativa legislativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado (art. 133 de la Constitución Política).

“No procede la cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecte las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos”, dijo el ministro de Justicia.

Por su parte, la congresista Gladys Echaiz (APP) advirtió que al eliminar la incapacidad moral están pretendiendo que no se haga evaluaciones de la conducta, del comportamiento, de los valores de quien asume la máxima magistratura del país.

“De acuerdo con esta norma que se nos propone, una persona que puede incurrir en un comportamiento ilícito grave como por ejemplo violación, narcotráfico, trata u homicidio no podría ser vacado a no ser que se considere que los delincuentes son incapaces psicológicos y en ese sentido sí habría un grave problema incluso para la administración de justicia”, dijo.

No estuvo de acuerdo con eliminar la incapacidad moral cuando, porque -dijo- es precisamente el factor que más debe predominar en quienes ejercen la función pública.

A su turno, Alejandro Aguinaga (FP) indicó que la incapacidad moral está ligada a la conducta incompatible con el alto cargo que desarrolla un presidente de la República y de eliminarse preguntó ¿qué pasaría con un presidente que hace apología al terrorismo, que valiéndose de su cargo altera un cuadro de méritos en los ascensos militares? “La incapacidad moral no puede ser desplazada”, puntualizó.

A su vez, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) expresó su preocupación por la propuesta, porque habría una concepción equivocada y peligrosa del significado de gobernabilidad y democracia, lo cual genera muchas dudas.

Dijo que si ellos están proponiendo que sea una junta médica la que declara la incapacidad mental del presidente de la República, entonces cuál es la necesidad de que el Congreso vote a través de una mayoría calificada.

Para concluir su intervención remarcó que en el fondo lo que están planteando es recortar la facultad del control político que tiene el Congreso de la República y crear un régimen en el que tenemos un presidente y ministros que son intocables, absolutamente irresponsables por sus actos.

OPINIONES

En la sesión se realizaron las exposiciones de los especialistas en temas económicos, José Ignacio Távara Martin, Jorge González Izquierdo y Alfredo Bullard González sobre la viabilidad y pertinencia el Proyecto de Ley 583/2021-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

Finalmente, fue postergado para una próxima sesión, la votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 149/2021-CGR, por el cual se propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza en tanto se realizan los últimos ajustes en el texto sustitutorio.

OFICINA DE COMUNICACIONES