Dentro de sus funciones de fiscalización, el presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, junto con el secretario general de la municipalidad distrital de San Miguel, Hernán Ampuero, realizó una visita sorpresiva al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (ex Maranguita) a fin de conocer las condiciones de infraestructura y el trabajo de rehabilitación juvenil. 

Después de realizar el recorrido por las instalaciones del centro para jóvenes, el parlamentario mostró su preocupación por la sobrepoblación de 920 internos que rebasa su capacidad que es de 540. Indicó que esta situación perjudica el trabajo adecuado en la rehabilitación de los menores.

El parlamentario recogió el pedido de los internos para que aceleren  el trámite de aquellos internos que cuenten con un régimen de semilibertad, puedan realizar trabajos fuera de su establecimiento. Salvador Heresi dijo que a fin de mejorar la rehabilitación de los menores impulsará para que este centro sea administrado por el Poder Ejecutivo.

El titular de dicho grupo de trabajo también se reunió con los vecinos de la zona quienes solicitaron que se retome el proceso de reubicación del centro conocido como ‘Maranguita’ debido a las reyertas que podría generar un peligro para los pobladores que viven en el entorno de este centro.

Al respecto  hay una preocupación del Gobierno por esta situación y en los próximos días se hará un anuncio positivo sobre este tema, informó el congresista. “Si queremos luchar  contra la delincuencia, tenemos que atender a la población en situación de alto riesgo priorizando niños y jóvenes. Los internos de este centro de rehabilitación merecen la mayor atención del Estado”, señaló.

Por su parte, Hernán Ampuero señaló que existe la propuesta del alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, para que este centro por sus  dimensiones y características sea utilizado como una  villa olímpica para los Juegos Panamericanos del año 2019.

Ampuero indicó que en esta zona, que se ha consolidado como residencial, existen problemas de inseguridad. “Esperemos que con la voluntad política se pueda tomar una decisión para trasladar a otro lugar como Ancón o Lurín, con mejores condiciones para los internos”, refirió el funcionario.

Este centro fue construido en 1945 y en la actualidad es administrado por el Poder Judicial (CMC).