Vicente Zeballos (NA) miembro del Grupo de Trabajo de Educación Superior Universitaria, anunció en la sesión que citarán a los jefes de presupuesto de las universidades públicas para comparar lo que tienen que decir con lo visto por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

El grupo perteneciente a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recibió a Aquilino Romero, gerente de control sectorial de la Contraloría General de la República, quien explicó sus acciones de control sobre las universidades públicas; Karen Aguilar, especialista en presupuesto público del MEF, que habló sobre los criterios adoptados para aprobar, mantener y modificar el presupuesto otorgado a las universidades públicas, en relación a la capacidad de ejecución presupuestal y Martin Benavides, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que brindó un informe detallado sobre el proceso y problemática del licenciamiento en las universidades públicas y privadas. 

Ante ello, Carlos Domínguez (FP) coordinador del Grupo de Trabajo se cuestionó sobre lo que pasa en las universidades que no tienen Oficina de Control Institucional. “Se perdió infraestructura de la Universidad Nacional de Santa, Centro Cultural siendo una universidad cerrada ¿cómo es posible que la lluvia haya ocasionado ese daño? y en Quillabamba también. Queremos que se realicen nuevas inversiones, pero hay síntomas de corrupción y con respecto a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo hubo sobrevaloración de fibra óptica para el internet” refirió respecto a la región de Áncash, de la que es representante. 

Domínguez señaló que se ha dado una ley de fortalecimiento para las universidades pero no hay un mejor trato a los alumnos y con resultados negativos. “Teníamos un rector prófugo con sentencia que hizo un caos en San Pedro de Chimbote, por lo que no debe administrar recursos del Estado, se debe modificar la ley universitaria con normatividad y les pido sugerencias. El sinceramiento es necesario”. 

Finalmente, Zeballos acotó que el tema es que las instancias administrativas de la propia universidad avalan la corrupción. “En Chimbote, la autonomía validaba al rector y sería importante que para una próxima sesión a los responsables de presupuestos de las universidades públicas asistan ya que el tema de la deuda social de los docentes no se dio por falta de gestión sino porque la resolución del MEF salió meses después”, remarcó. (MCGH)

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PRENSA-CONGRESO   14-6-18

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