La Comisión de Fiscalización y Contraloría sí cuenta con facultades para investigar la contratación de servicios efectuados, no solo en el Ministerio de Cultura, sino en otras entidades del Estado, desde el 2018 hasta la fecha.

Así lo precisó el presidente de ese grupo de trabajo, Edgar Alarcón Tejada (UPP), al inicio de la sesión realizada este miércoles 14.

Recordó, y así se lo hizo saber a la Presidencia del Congreso a través de un oficio, que el Pleno del Congreso, en sesión del 31 de julio pasado aprobó, con 123 votos, el informe preliminar respecto a la Moción de Orden del Día N.° 10970, en la que se aumenta el plazo de investigación por un lapso de 45 días calendarios, “y además, la ampliación del objeto de la investigación no solo para el caso del Ministerio de Cultura, sino para otras entidades del Estado desde el 2018 hasta la fecha”.

Detalló que así figura en el punto 9, titulado Recomendaciones, en el primer y segundo apartado del informe preliminar que fuera aprobado, además, en el seno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría por unanimidad, el pasado 21 de julio.

“Cabe resaltar que lo que se aprueba y vota en el Pleno del Congreso es el informe preliminar completo, que incluye las conclusiones y las recomendaciones, tal como sucedió en el caso, que además fueran leídas en el Pleno del Congreso”, figura en el oficio dirigido al titular del Parlamento.

Alarcón Tejada también solicita que esta información sea compartida en la Junta de Portavoces a fin de que se debata y archive el pedido de reconsideración, planteado por el congresista Francisco Sagasti (PM), a la votación realizada el 8 de octubre, en la cual se aprueba por mayoría la ampliación de la investigaciones por un nuevo plazo de treinta días útiles adicionales.

OTROS TEMAS

En otro momento, el presidente de la comisión informó que se reprogramará la citación al exalcalde de La Victoria, George Forsyth, a fin de que informe sobre la entrega del polideportivo Inca Garcilaso de la Vega, la licencia de funcionamiento para el comercio vecinal y la problemática del emporio de Gamarra, entre otros temas.

Se trata de una solicitud del congresista Robinson Gupiuc Ríos (PP).

También se volverá a citar al gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, para que se refiera a aspectos vinculados a su gestión.

Así mismo, el legislador César Gonzales Tuanama pidió citar al ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, y al presidente de Petroperu para que informen sobre la ampliación, por 10 años más, del contrato de explotación de hidrocarburos del lote 31 C, el cual sería lesivo a los intereses de Ucayali.

Lima, 14 de octubre de 2020

PRENSA-CONGRESO