Bajo la presidencia del titular del Parlamento, la sesión vespertina del Pleno continúa con las intervenciones de congresistas de diversas bancadas en torno a las respuestas dadas por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sobre el pliego interpelatorio.

            Sin embargo sirvió para despejar dudas sobre el pago de reparación civil de Odebrecht al Estado considerado “pobrísimo” por algunos parlamentarios y también críticas a antiguas reparaciones que exceden los 600 millones de soles sobre las cuales no se ha dicho nada el Estado peruano ni los procuradores.

            El debate se reinició con la intervención de la congresista Lourdes Alcorta (FP) quien puso en relieve la necesidad de que la empresa Odebrecht pague la reparación civil (610 millones de soles).

            “No tenemos plata para atender las necesidades más urgentes de la población, por ejemplo en el tema de la reconstrucción. Hay que recuperar lo que nos han robado”, dijo la legisladora y aseguró que el Congreso aprobó y dio las facultades al Ejecutivo para que pueda proceder en la reparación civil en beneficio del Estado. “No pusimos los montos”, subrayó Alcorta.

            Posteriormente, la congresista Ana María Choquehuanca descartó que el gobierno tenga la intención de proteger a los corruptos y dijo que es momento de saber la verdad y sancionar la corrupción como un acto de patriotismo. “¿Atacar al gobierno es acaso uno de los objetivos en esta tarde? preguntó la legisladora, tras lo cual aseguró que  nuestro deber es denunciar esos intentos de poner en cuestión el trabajo de este gobierno.

            A su turno, el congresista Wilbert Rozas denunció que hay intereses en querer derogar la ley 30737. “Nosotros, de Frente Amplio, no la hemos aprobado y los que votaron a favor han encontrado inconvenientes después y ahora quieren derogarla. Una ley que no favorece al pueblo, sino a interese empresariales. ¡Primero se debe beneficiar el pueblo!, dijo el legislador.

            En ese mismo sentido se pronunció el congresista Alberto Quintanilla, quien además consideró pertinente que se paguen todas las reparaciones civiles pendientes de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, que tiene una reparación civil de 3 mil 700 millones de soles, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru por más de 60 millones de soles, según dijo el legislador.

            “Cuál es la preocupación por cobrar estos dineros que tiene sentencias y que no se han pagado casi nada, sólo se ha recuperado algo por embargo de bienes inmuebles y eso se tiene que cumplir”, preguntó.

            Eloy Narváez, (APP), por ejemplo, dijo que hay que arribar acuerdos con “la otra parte”, es decir con la empresa brasileña, porque son capitales de fuera del país y eso lo hace más delicado.

            Dijo más adelante que mucho más importante es saber quiénes cayeron en la corrupción,  de lo contrario no pagarán nada y no sabremos quienes están involucrados en la corrupción. Los datos que se obtengan servirán para restructurar el país, no volver a cometer los mismos errores.

            Luego, en una interrupción, la congresista Mercedes Aráoz opinó que el tema no es, sino saber cuáles han sido los mecanismos para poder evitar hechos de corrupción, poder facilitar espacio de confesión, conocer detalles. Por ello se creó la figura que permite a la fiscalía y a la procuraduría encontrar salidas negociadas.

            Por su parte, Maritza García opinó que el objetivo  es traerse abajo las herramientas del Ministerio Público para ejecutar los acuerdos de colaboración eficaz. Ahora se cuestiona cuando estamos ad portas de recibir información.  

            No hay trabajo, no se ha creado trabajo, no estamos avanzando, estamos encubriendo actos de corrupción. Estamos entrampados, basta de rencillas, hagamos causa común y lleguemos a un consenso. Al ministro de Justicia no le corresponde velar por los términos del acuerdo.

            A su vez, Yonhy Lescano (AP) anunció que no apoyará ninguna acción.Hoy es un acto de interpelación al ministro de Justicia, cuestionando un acuerdo de colaboración eficaz entre los fiscales y empresa Odebrecht.

            No  tiene por objeto ver las reparaciones, se quiere sabotear e impedir conocer los nombres de los corruptos y los “peces gordos”, qué  candidatos que han recibido plata sucia; se va a conocer documentos  donde se hicieron pagos. A eso se tiene miedo para cambiar el escenario del país.

            El congresista dijo que “seguirá luchando contra las mafias”, no le amedrentan los cobardes que arman patrañas.  Opinó que con la interpelación encubierta se trata  de desligitimar el acuerdo, para que se diga que el Poder Judicial  está mal.

            Los 610 millones de soles posiblemente no son suficiente pago, pero es una oportunidad brillante para desenmascarar a los corruptos y que no vuelvan a saquear al país, dijo finalmente.

PRENSA CONGRESO