La Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el legislador Carlos Salvador Heresi Chicoma (PPK), se allanó al dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y aprobó  también el proyecto  de la Defensoría del Pueblo que  propone considerar como delito las figuras de acaparamiento y especulación en estado de emergencia.

Jose Elice Navarro, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo y Percy Castillo Torres, abogado de la misma institución,  explicaron que gracias a los representantes que  la Defensoría tiene en cada región,  es que se han recibido quejas de la población que sufre en la presente coyuntura de emergencia del alza en los precios de alimentos y servicios como el transporte.

El proyecto de la Defensoría tipifica el “acaparamiento” como el acto de retener bienes en grandes cantidades antes de que lleguen al mercado de consumo, con el fin de elevar su costo  y de la “especulación”  como la práctica de comprar a precios bajos con la intención de vender posteriormente a un precio mayor.

Ambas conductas, en casos de desastres, se vuelven dañinas para las personas damnificadas al impedir o dificultar el acceso a productos básicos para la sobreviviencia, explicó Castillo.

Sanciones

La propuesta de la Defensoría sostiene que “el productor, proveedor o comerciante que pone en venta productos o servicios considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los habituales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días – multa”.

“Si el acto se comete en ámbitos geográficos declarados en situación de emergencia por desastre, la pena privativa será no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días – multa”.

Heresi Chicoma coincidió con los legisladores  Yonhy Lescano Ancieta (AP) y Marisa Glave (FP)  quienes argumentaron a favor de votar hoy el proyecto para que sea visto en el Pleno del próximo jueves que tratará  un paquete de medidas para  ayudar en la solución de las zonas en emergencia.

Coordinación Intercultural de la Justicia

El legislador  Gino Costa Santolalla (PPK) sustentó el proyecto de Coordinación Intercultural de la Justicia. La iniciativa sostiene que las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

Costa Santolalla explicó que la iniciativa que tiene carácter multipartidario también cuenta con las opiniones favorables de la Defensoría del Pueblo, Ministerios de Cultura y Justicia, Colegio de Abogados de Lima, Confederación Agraria, Confederación de Comunidades Campesinas; Central Única de Rondas Campesinas, Federaciones de Mujeres y Asocación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.(EPA).

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