Si el integrante de una organización criminal o persona vinculada a ella comete el delito desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, será un agravante para que se le aplique la Ley contra el crimen organizado.

Así lo aprobó, por 13 votos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo (AP), durante la octava sesión ordinaria cumplida el miércoles 8, con lo cual se incorpora un literal en ese sentido a la Ley N° 30077.

De acuerdo al dictamen, los efectos directos de la medida serían la habilitación de los actos de investigación a los funcionarios involucrados en delitos vinculados al crimen organizado; se cumpliría con el principio de proporcionalidad de las penas y se incide en la prevención; y se aumenta el nivel de satisfacción de los usuarios y se combate la impunidad.

La Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, solo se aplica para determinados delitos y circunstancias, como homicidio calificado, trata de personas, extorsión y otros y el que se trate de tres o más personas, salvo los agravantes que en este caso el dictamen presentó, el de realizarse desde dentro de una cárcel.

Para ese efecto, el Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años según lo establece la ley.

Más adelante, por encontrarse normado y regulado, y por lo tanto, considerarse innecesario, la comisión aprobó en forma unánime el archivamiento de la propuesta N° 5160 que planteaba medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.

PENAS PARA EMERGENCIA

La titular de la comisión dio pase a la exposición de varias propuestas, a las que consideró dentro de la línea de lucha contra la corrupción de ese grupo de trabajo legislativo, las que coincidieron en castigar el uso y abuso de funcionarios y servidores públicos de los bienes dirigidos a la población en momentos de emergencia sanitaria. La entrega irregular de canastas básicas, sobre valoración de adquisiciones o negociaciones ilícitas, entre otros.

El congresistas acciopopulista Paul García Oviedo expuso su iniciativa legislativa N° 4933 que propone aumentar las penas para los delitos cometidos en situaciones de declaratoria de emergencia por catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, declaradas en la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, propuso penas entre dos años de pena privativa de la libertad hasta de 25 años en caso de muerte como consecuencia del delito, por lo que planteó la modificación de diversos artículos del Código Penal para aliviar a la población y se logre la confianza en sus autoridades.

Lo propio hizo el congresista Miguel Ángel Vivanco Reyes (FP) con su proyecto de ley N° 4998, que plantea sancionar al funcionario o servidor público que comete actos de peculado y aprovechamiento de su cargo en estado de emergencia, con penas que van de los tres hasta los 20 años. Dijo que la medida no solo serviría para sancionar al mal funcionario, sino para desalentar ese tipo de delito.

Asimismo, el congresista Betto Barrionuevo (SP) sustentó su proyecto N° 5041que tiene por objeto establecer modalidades especiales del delito de traición a la patria los supuestos que afecten la seguridad nacional en periodos de emergencia sanitaria, con penas no menores de 10 hasta 20 años y hasta la cadena perpetua.

“Este es un gesto para que ministros y funcionarios se preparen a recibir penas cuando cometan este tipo de delitos”, señaló.

En esa misma línea, la congresista Felicita Tocto Guerrero (SP), presentó su propuesta nro. 5051 que eleva la pena máxima como mínima de los delitos cometidos en estado de emergencia, pandemias, fenómenos o desastre natural.

Dijo que las actuales penas no son lo suficientemente disuasivas, lo que se prueba con la existencia de siete mil 173 funcionarios y servidores públicos denunciados por delitos de esta naturaleza.

De igual manera, expuso su proyecto de ley el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (AP) nro. 5269 que propone una ley que sanciona el uso indebido de los recursos destinados para la atención de la población durante la declaratoria de estado de emergencia nacional. Para ese efecto, planteó el aumento de penas para los delitos de colusión, peculado, malversación y negociación incompatible.

Antes de culminar la sesión la congresista Martha Chávez (FP) pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de los tripulantes del helicóptero -oficiales y suboficiales de la FAP y tres pasajeros civiles-, que se siniestró en Amazonas cuando llevaban ayuda a la población de la zona.

Lima, 8 de julio de 20020

PRENSA-CONGRESO