La posibilidad de que Sedapal pase a menos de las empresas brasileñas investigadas por actos de corrupción, en el emblemático caso conocido como ‘lava jato’, fue denunciada en un foro sobre el tema, en el que también se advirtió de un inminente ‘tarifazo’ en caso se concrete la transferencia de la empresa al sector privado.

En el foro “Sedapal y la privatización del agua potable”, organizada por el congresista Manuel Dammert, el dirigente de Sutesal, Jorge Castillo, reveló que empresas como Camargo Correa y Odebretch, investigadas por el pago de sobornos, serían unas de las beneficiadas con el descuartizamiento de la empresa de agua.

Castillo dijo que se pretende dividir a Sedapal en cuatro partes: Norte, Sur, Centro y la planta de La Atarjea, en un proceso calificado de secreto, con el objeto de que la opinión pública no conozca sus características ni consecuencias.

El dirigente reveló que los hilos de la trama la mueven los funcionarios de ProInversión, mientras que el ministro de Vivienda y los funcionarios de Sedapal desinforman a la población, indicando que no conocen nada sobre el tema o que el caso está en manos de ProInversión.

Por su parte, el congresista Manuel Dammert reclamó el pronunciamiento de los congresistas de la República para frenar esta operación que terminará, dijo, perjudicando a la gente, la que tendrá que pagar de sus bolsillos la decisión del gobierno.

Dammert anunció la presentación de una moción que ratifica el derecho al agua como un derecho humano, paraliza cualquier intento de privatización y cita de urgencia al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que informe al Pleno del Congreso el porqué de esta decisión de última hora.

Luiz Izarra, dirigente de la FENTAP, afirmó que el caso de las empresas público-privadas, que fueron presentadas como la alternativa para resolver la falta de inversión en el sector, ya demostró su fracaso en Tumbes, donde casi la totalidad de los 74 millones de soles invertidos son pagados por el Estado o los consumidores.

Otra prueba del fracaso del proceso iniciado en 2005, dijo, es que la cobertura se redujo, no se resolvió el problema de las aguas residuales y que la primera empresa concesionaria se retiró a los cinco años, sin invertir un solo centavo.  Ahora, el Estado se alista a invertir otros 240 millones para resolver las deficiencias del servicio.

En el evento también participó la congresista Veronika Mendoza, quien expresó su rechazó total a la privatización y mostró su respaldo a las movilizaciones que se alistan contra la privatización del agua.

PRENSA-CONGRESO*

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