El Pleno del Congreso rechazó, por mayoría, la modificación del Reglamento del Congreso para optimizar el procedimiento de censura a la Mesa Directiva y regular el trámite de las leyes declarativas.

La razón es que cuando se sometió a votación el dictamen de la Comisión de Constitución, no se alcanzaron los 66 votos que se necesitan para modificar el Reglamento del Congreso.

Así, la propuesta para que se requieran veinte firmas para la presentación de una moción de censura a la Mesa Directiva del Congreso obtuvo este resultado: 57 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones.

Eso quiere decir, que sigue vigente la norma reglamentaria que señala que basta la firma de un congresista para que una moción de censura a la Mesa Directiva sea tramitada.

El otro cambio reglamentario orientado a terminar con las denominadas leyes declarativas tampoco obtuvo el mínimo reglamentario. El resultado de la votación fue: 49 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones.

Las propuestas, que inicialmente iban juntas en el dictamen, fueron votadas por separado por considerar que era distinta su naturaleza, a pedido de varios congresistas, entre ellos Susel Paredes Piqué (NA), Edwin Vergara Mendoza (AP) y Alex Flores Ramírez (PL).

Antes, la titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Carmen Juárez Gallegos (FP), sustentó el dictamen por mayoría, que recogía los proyectos de Resolución Legislativa del Congreso, presentados por el congresista José Luna Gálvez y José Elías Ávalos, ambos de Podemos Perú.

Sostuvo que una moción de censura debería tener el respaldo de, por lo menos, el 15 % del número legal de congresistas, es decir, 20 parlamentarios.

Suárez Gallegos afirmó que en la actualidad no se establece un número mínimo de firmas y que solo basta la de un legislador para hacer el pedido, “sin siquiera tener el respaldo de su grupo parlamentario, y esto conduce a la activación innecesaria del procedimiento de censura, el cual puede ser rechazado, en un primer momento, no pasando siquiera a la admisión de debate al Pleno del Congreso, y ello genera inestabilidad”.

En cuanto al segundo tema, propuso que los proyectos de ley de carácter declarativo «sean reconducidos como mociones de declaraciones de necesidad pública e interés nacional, que deban ser tramitados por los congresistas, a través de su grupo parlamentario».

Juárez Gallegos justificó la eliminación de las leyes declarativas, porque generan una serie de expectativas en la población, que, al no ver resultados de inmediato, hay la percepción de que el Congreso no es eficiente en la calidad de leyes que aprueba y provoca el quiebre de la confianza ciudadana.

Durante el debate, Elías Ávalos, autor de la propuesta, dijo que lo que se busca es mejorar la eficiencia medible y cuantificable en el tiempo de la producción legislativa. «Se debe evitar las leyes intrusas, vacías, y las simbólicas o declarativas”, indicó.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) calificó de positiva la propuesta de Elías Ávalos «para poder tratar las leyes más trascendentes de fondo y cambiar la imagen que tiene el Congreso».

A su vez, la congresista Ruth Luque Ibarra (JP) consideró que los proyectos declarativos no solucionan nada, pero aconsejó la colocación de algunos requisitos para su inclusión a la agenda del Pleno.

Por su parte, las congresistas Martha Moyano y Rosangella Barbarán, ambas de Fuerza Popular, coincidieron en afirmar que los proyectos de ley declarativos no resuelven ningún problema.

Su colega de Acción Popular, Wilson Soto, afirmó que la presentación de propuestas legislativas es un derecho constitucional que tienen todos los congresistas y que no puede ser modificado. Respondió que hay proyectos de ley declarativos que sí sirven, porque recogen los pedidos de los ciudadanos.

Por su parte, Flavio Cruz Mamani (PL) se opuso a la pretensión de elevar el número de legisladores para presentar una censura contra la Mesa Directiva, “porque uno no lo presenta solo, detrás están miles de sus representados”.

OFICINA DE COMUNICACIONES