Aproximadamente 93 millones de soles, desde el 2009 hasta el momento, ha perdido el Estado por la mala construcción y el retraso de obras de agua potable y alcantarillado en diez provincias de Cajamarca.

Las obras se iniciaron el año 2009 y el Estado, mediante un convenio con la institución japonesa Jica, obtuvo un préstamo para la construcción que en un principio fue de 296 millones de soles y hoy ha superado los 650 millones.

Estos alcances fueron dados a conocer durante la sesión del Grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización que está encargada de este tema y que hasta el momento no tiene solución y ha originado el malestar de la población.

Al respecto, el Grupo que coordina el congresista Segundo Tapia Bernal, convocó el lunes 5 a los señores Dante Arbildo Arroyo, jefe de la Unidad de Proyectos del Ministerio de Vivienda, y a Manuel Isique Barrera, director nacional del Programa de Saneamiento Urbano del  mismo ministerio.

Ambos funcionarios informaron su decisión de alcanzar a este grupo investigador un informe sobre la situación actual de las obras en las próximas dos semanas.

Tapia Bernal, resumiendo la situación de la obra, dijo que la empresa NGS, en el 2009, cuando el ministerio de Vivienda estuvo a cargo del ingeniero Juan Sarmiento (segundo gobierno aprista) se encargó del proyecto de Proinversión y de otorgar la buena pro, que debió ganar la empresa Consorcio Cajamarca pero decidió otorgársele a BM3, de España.

El congresista dijo que se trataba de una empresa “cascarón” y que cambió de razón social para evadir el pago de impuestos a la Sunat. Posteriormente contrató con la empresa Icsa, la misma que actuó como subcontratista y a la que los trabajadores han responsabilizado por el retraso de la obra.

Las obras en las tres etapas debieron estar concluidas en el 2012, pero se prolongó hasta febrero del año siguiente. Se dieron ampliaciones y plazos adicionales para concluir las obras que habían tenido observaciones. Por ello, el congresista pidió a los invitados que les informe sobre los saldos de obras y los montos.

Casi al final de la sesión, se informó que recién el año pasado la OEFA informó que once proyectos no cuentan con certificación ambiental.

PRENSA CONGRESO