En la instalación del Grupo de Trabajo que analizará el Decreto de Urgencia 002-2020 los miembros que la integran coincidieron en la necesidad de que el dispositivo ayude a modificar y mejorar los servicios que los centros educativos brindan a los estudiantes, luchar contra su creciente informalidad y hacer que cumplan con la normatividad vigente.

El congresista Edgar Ochoa Robles, coordinador del grupo, felicitó el objetivo de este dispositivo legal, que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de Educación Básica brindada por instituciones educativas privadas.

La parlamentaria Lizbeth Robles Uribe, en la misma línea, sostuvo que los colegios deben mantener su infraestructura, la calidad de la enseñanza y vigilar que los padres de familia tengan el derecho de saber cómo va el aprendizaje de sus niños.

Ochoa Robles informó que de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el país por lo menos 1 300 centros educativos son informales y, de ellos, 240 centros –en su mayoría del nivel inicial-, serían cerrados.

El Grupo de Trabajo lo integra, además, el parlamentario Clemente Flores Vílchez.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 20-01-2020

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