Gracias a los alcances que le permite la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, vigente desde marzo pasado, esta institución  ha implementado un nuevo modelo de control concurrente donde actúa un equipo multidisciplinario de profesionales.

            Esta labor permite optimizar las acciones de control gubernamental que tiene como objetivo principal anticiparse a posibles actos ilícitos de corrupción o inconductas funcionales en la administración pública, para evitar pérdidas económicas al Estado.

            El nuevo modelo, entre 2017 y 2018, ha permitido ejercer 16 mil 295 servicios de control simultáneo e identificó  971 hechos que ponen en riesgo  servicios y obras de prevención y reconstrucción en las regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero; se fiscalizaron  49 megaproyectos que demandan una inversión de 41,280 millones de soles,   afirmó el Contralor Nelson Shack Yalta.

            Fue durante su presentación el miércoles 4 en la sesión informativa de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Luis López Vilela (FP).  También se contó con la presencia de Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

            Shack informó que se han implementado instrumentos de fortalecimiento de la Contraloría como el Plan Estratégico Institucional aplicable hasta el 2024, en el cual se contará con una nueva estructura orgánica, un cuadro de puestos de la entidad, directiva de declaraciones juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses.

            También con un Reglamento de Infracciones y Sanciones para la determinación de responsabilidades administrativas y la designación de jefes de los órganos de control institucional de las municipalidades provinciales y municipalidades distritales que serán absorbidas por la Contraloría.

            En las intervenciones, La legisladora Esther Saavedra, denunció hechos  hostiles  hacia su persona por investigar casos de corrupción en el sector Salud de  la región San Martín, asimismo, pidió para los legisladores el apoyo de un fiscal  del delito que los acompañe en su labor fiscalizadora.

            El legislador Carlos Domínguez  pidió  al Contralor  el cierre inmediato de las  cuentas del  gobierno regional de Áncash, que  administra el Proyecto Chinecs y que estaría subastando 5 mil hectáreas de tierras pese al informe de Contraloría.

            El Contralor afirmó que ya se ha emitido un informe al respecto (de Chinecas), pero que no está facultado para sancionar, eso le corresponde a la Fiscalía del Delito.

            Además, sostuvo que cerrar cuentas es una medida extraordinaria que causa daño colateral; hay que sancionar a los corruptos de manera local y quirúrgica,  dijo y se comprometió a  ver el asunto de la venta de tierras.

            Reiteró sin embargo que  son casi cinco mil millones de dólares que el país  pierde del presupuesto por  hechos de corrupción.

JNE

            De otro lado, Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, deslindó responsabilidades sobre posibles direccionamientos del voto en el proceso de referéndum del domingo próximo.

            Fue luego de la denuncia de la legisladora  (FP) Luz Salgado  quien afirmó que personal de la ONPE estaría  manipulando la votación sobre el  referéndum, tomando su nombre y el de los congresistas Mulder y Velásquez Quesquén como se aprecia en un vídeo que presentó. Esto afecta sus derechos constitucionales, dijo, y pidió al presidente del JNE tomar cartas en el asunto.

            Para el legislador Jorge Castro (NA), la direccionalidad de la votación viene desde ‘arriba’ y se trata de la implementación de una maquinaria bien estructurada que está efectuando sendos gastos en colocar afiches en todo el país. El legislador pidió a Ticona el pronunciamiento de la institución que representa.

            Ticona afirmó que se ha contratado 6,900 fiscalizadores que vigilarán el proceso del próximo domingo en todo el país y reiteró que hechos como los ocurridos en La Libertad se corregirán; en todo caso, no es  responsabilidad del Jurado, es de  la ONPE, que ya resolvió el contrato de la capacitadora  en cuestión.

            El legislador Mauricio Mulder (APRA)  afirmó  que  la ONPE está severamente cuestionada y en total descalabro. Aquí hay un actor que conduce el direccionamiento del proceso, ese es Vizcarra; igual actúan  sus ministros, pero nadie les dice nada, afirmó, y pidió que le soliciten al presidente  la máxima neutralidad.

            López Vilela,  de igual forma, afirmó que se dan hechos graves  en las serranías y los propios subprefectos direccionan los votos. El personal de ONPE induce al voto,  dónde está la fiscalización, preguntó, y afirmó que había responsabilidad de la ONPE y del JNE.

            La legisladora Rosa Bartra reiteró las denuncias afirmando que estas deslegitiman el proceso porque se ha violado el principio de neutralidad por parte del presidente Vizcarra.

            Juan Carlos Yuyes Meza  (FP) por su parte solicitó que la Comisión de Fiscalización pida la participación de la OEA para que vigile de cerca todo el proceso y se respete la voluntad popular. El presidente López Vilela afirmó que se cursará dicha iniciativa a la brevedad posible.

            Elisa Clavijo Chipoco, Directora  Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE aclaró que el presidente Vizcarra sí hizo un llamado a la forma de votación en el referéndum, pero estas fueron antes de iniciado el proceso electoral; en adelante ha llamado a la población a asistir al proceso de manera responsable y masiva.

PRENSA CONGRESO