El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry Vallejos, informó esta mañana que se destinarán 479 fiscales para los casos de delitos de corrupción de funcionarios, 65 fiscales al lavado de activos, 218 contra la criminalidad organizada y se implementarán 17 fiscalías corporativas.

Estos anuncios los hizo durante su exposición del plan de trabajo para el próximo año contemplados dentro del presupuesto que se le ha asignado de 2,071 millones 979 mil 488 soles. “Este presupuesto será para fortalecer los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, principalmente”, afirmó.

Así también añadió que se implementarán 17 fiscalías corporativas, 52 cámaras Gesell y la Unidad de Investigación  de Tanatología Forense y el Laboratorio de Biología Forense. Del mismo modo, se tiene proyectado la creación de las fiscalías supremas de corrupción de funcionarios, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas.

Chávarry se presenta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General que preside el congresista Percy Alcalá. En otro momento de su informe, el fiscal de la Nación anunció que se tiene proyectado la creación de Fiscalías Supremas de corrupción de funcionarios, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas.

Respecto a la Carpeta Fiscal Electrónica, refirió que los costos se reducirán sustancialmente en la gestión de documentos con la innovación tecnológica y se contará con un servicio de interoperabilidad  con el Poder Judicial y los ministerios de Justicia y del Interior.

 En la ronda de preguntas, el congresista Justiniano Apaza (FA) y Sergio Dávila (PPK) señalaron que el Ministerio Público ha sido privilegiado porque es uno de los pocos a los que se les ha aumentado  casi un 12% en su presupuesto,  en los que se incluye el pago de remuneraciones y pensiones. “Me parece loable, porque sus remuneraciones han sido postergadas, solo así se puede conseguir que sean probos y selectos lejos de la presión de algún poder político”, aseveró Apaza.

Respecto a la brecha de infraestructura manifestó que se ha destinado  2 millones 472 mil soles, de los cuales 29 millones se van en alquileres. “La región Arequipa tiene 29 locales y el 60% son alquilados; sin embargo, se construyó una moderna estructura que hasta el momento no se implementa, es un gran elefante blanco y en el pliego ni se menciona un centavo para implementarlo, ¿por qué?, refirió Dávila respecto al hacinamiento de los trabajadores frente a la infraestructura.  En relación al programa de inversión 2019 mencionaron que no se ha considerado a las fiscalías corporativas especializadas contra la violencia familiar como parte del pliego.

Moisés Guía (PPK) indicó que los más grandes delincuentes están en la región Junín y no se ven resultados de parte de la fiscalía; así también Carlos Tubino (FP) manifestó que en la región Ucayali, se necesita preparación y visión fiscales respecto a la tala en la Amazonía porque hay ambos extremos los que no hacen nada y los que paralizan inversiones. En referencia al narcotráfico manifestó que esta está aumentando en la provincia de Atalaya, al sur de Ucayali.

Luego, Marisol Espinoza (APP) y César Campos (FP) aseveraron que para el año 2019 el presupuesto genera preocupación porque hay muchos requerimientos de los médicos del Instituto de Medicina Legal, respecto a equipamiento y sueldos.

Finalmente, Wilmer Aguilar (FP) exigió que se tome en cuenta la existencia de rondas campesinas en el país ya que su región (Cajamarca) tiene un caso de éxito en el tema. “El derecho consuetudinario y la ley indica que estas rondas son importantes también para colaborar con la labor del Ministerio Público. “En mi región, el fiscal realiza cursos hacia estos grupos para fortalecerlos”, agregó.

PRENSA CONGRESO