La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosío Torres Salinas (APP), aprobó -por mayoría- el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, porque incurrió en los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso en calidad de instigador, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el caso Richard Cisneros, entre 2018 y 2020.

El informe, basado en la denuncia constitucional formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el 20 de mayo del 2021, concluye recomendando que el exgobernante sea inhabilitado para el ejercicio de toda función pública por cinco años.

En el caso de la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios -comprendida en la denuncia- el informe concluye que sea inhabilitada para el ejercicio de la función pública por tres años. Las exministras de Cultura, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, quedan excluídas de cualquier responsabilidad.

La votación del informe final tuvo este resultado: 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

El otro expediente aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la denuncia constitucional 175 (ex 245) que fue presentada por la excongresista Janet Sánchez Alva, contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 397, 400, 427 y 438 del Código Penal.

El informe del congresista delegado, Hernando Guerra-García Campos (FP), sostiene que la denunciada exparlamentaria consignó haber cursados estudios secundarios en una institución educativa que no existía cuando postuló al Congreso en los comicios generales del 2016.

El informe recomienda que la excongresista Ponce sea inhabilitada para el ejercicio de cargo público por diez años.

El tercer caso examinado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la denuncia constitucional 188 (ex 368) que fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.

El informe del congresista delegado, Alejandro Muñante Barrios (RP), recomendó el archivamiento «porque la fiscalía partió de una serie de elementos que no han sido corroborados». Fue aprobado el informe de achivamiento con 10 votos a favor, seis encontra y ninguna abstención.

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