Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 240 contra la excongresista Luciana León Romero, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio, y peculado doloso por apropiación.

El pronunciamiento fue de 15 votos a favor. El siguiente paso es solicitar a la Comisión Permanente un plazo de 15 para realizar la investigación correspondiente.

A León Romero se le imputa haber gestionado el financiamiento de una serie de obras públicas para la Municipalidad de La Victoria durante los años 2016 a 2018, y que luego se direccionarían hacia empresas que tienen relación con el alcalde Alexander Peña Quispe, presunto líder una organización criminal.

Según el Ministerio Público, la exparlamentaria «era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos».

De otro lado, la subcomisión realizó la audiencia de la denuncia constitucional 201, formulada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (AvP), contra el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal.

En la audiencia intervino el congresista delegado, José Jeri (Somos Perú) y el denunciado exministro Ayala, pero no se hizo presente la denunciante, congresista Chirinos Venegas.

Por la inasistencia de un testigo, no se llevó a cabo la audiencia de la denuncia constitucional 182 y 184 (ex 311 328), formulada por el excongresista Richard Arce Cáceres y la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista Roberto Vieira Portugal, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

En la parte final de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se dio cuenta de tres denuncias constitucionales: contra el excongresista Luis López Vilela (por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias; contra el exlegislador Paúl García Oviedo (presunta infracción constitucional y probable comisión del delito de abuso de autoridad) y contra los exparlamentarios Edgar Alarcón Tejada y Omar Chehade Moya (por la presunta comisión de los delitos de sedición y otros delitos).

OFICINA DE COMUNICACIONES