La Comisión de Pueblos Andinos -que tuvo facultades para investigar el derrame de crudo en el mar de Ventanilla (Callao) ocurrido el pasado 15 de enero- aprobó su informe final sobre lo que se ha considerado el peor desastre ecológico en el medio ambiente peruano y concluyó, entre otros alcances, que el Estado es débil para actuar frente a este tipo de contingencias y deslindó responsabilidades de funcionarios estatales y privados.

El informe final fue aprobado con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra. La congresista Martha Moyano (FP) anunció que votará en contra del documento porque consideró que existen «sesgos ideológicos» y no descartó la presentación de un informe en minoría.

El siguiente paso es que este informe aprobado será puesto a consideración de la Representación Nacional reunida en una próxima sesión plenaria.

La Comisión de Pueblos Andinos -que preside la congresista Margot Palacios Huamán (PL)- dedicó 90 días hábiles para determinar qué sucedió cuando el buque de bandera italiana Mare Doricum, propiedad de la empresa española Repsol, vertió miles de barriles de crudo en el Terminal Multiboyas 2 de la Refinería La Pampilla, lo cual afectó a más de cinco mil pescadores y comerciantes de los distritos de Ventanilla (Callao), Ancón y Santa Rosa (Lima), Aucallama y Chancay (Huaral).

Entre las conclusiones del informe se advierte «malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros; la existencia de plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales».

Otra de las conclusiones se refiere a que el derrame de petróleo no fue por culpa de un oleaje anómalo, sino por la utilización de tuberías averiadas durante el proceso de descarga del crudo desde el buque-tanque a la Refinería La Pampilla.

«No hubo válvulas de conexión automática. No se realizaron análisis de riesgo, como lo dispone la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Existió poca diligencia por parte de la tripulación del buque-tanque y de sus autoridades», dice el informe leído por la congresista Margot antes de la votación.

Respecto al impacto del daño ambiental se menciona la existencia de 66 zonas con presencia de hidrocarburos de petróleo (46 playas, la afectación a la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras así como la zona reservada de Ancón), entre otros alcances.

La congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP), refirió la necesidad de mejorar el informe en la recomendación de la aplicación de posibles sanciones puntuales.

Su colega Silvia Monteza Facho (AP), señaló la complejidad del caso y solicitó que se precise las sanciones mientras que las congresistas Kelly Portalatino Ávalos y María Agüero Gutiérrez, ambas de Perú Libre, manifestaron estar de acuerdo con el informe final.

También se aprobó el levantamiento de las reservas de las sesiones realizadas y de los informes que serán elevados a las instancias del Congreso.

OFICINA DE COMUNICACIONES