Sancionarían a funcionarios públicos que demoren actos funcionales en casos de violencia contra la mujer

Centro de Noticias del Congreso

01 Dic 2023 | 19:21 h

La Comisión de Mujer y Familia que preside la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (RP), aprobó por unanimidad (10 votos a favor), el dictamen del proyecto de ley 3338/2022-CR, que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de precisar la violencia familiar como violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar.

La propuesta modifica el artículo 377 del Código Penal, buscando sancionar a los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o demoren en actos funcionales de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además modifica el artículo 378 del Código Penal, imponiendo una mayor responsabilidad personal a la Policía Nacional del Perú en la prestación del auxilio en situaciones de violencia contra la mujer.

A ello se suma la modificatoria del artículo 15 de la Ley 30364, siendo este un avance significativo en la forma en la que se presentan las denuncias “Esta modificación facilitará el proceso, permitiendo el uso de tecnologías modernas y asegurando que la víctima tenga un acceso más fácil a la justicia”, sostuvo la congresista Jáuregui.

Seguidamente, la Comisión aprobó por unanimidad (9 votos a favor), el dictamen del proyecto de ley 5815/2023-CR, que propone la Ley que declara de interés nacional la creación e implementación de centros de apoyo al indigente.

La propuesta de autoría del congresista Juan Burgos Oliveros (UyD), considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo, en especial al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a tomar acción sobre esta problemática.

La legisladora Jáuregui agregó que las estadísticas son alarmantes, pues el 5% de los peruanos son pobres extremos, siendo este grupo el más cercano con la indigencia “Esos peruanos se enfrentan no sólo a la falta de vivienda, sino también al acceso limitado de servicios básicos, problemas de salud y una exclusión social profunda” finalizó.

Qali Warma

En otro momento, la comisión parlamentaria escuchó el informe de María Moreno Saavedra, directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, quien se pronunció sobre las acciones tomadas y resultados obtenidos, respecto del malestar estomacal que presentaron 32 escolares de la I.E. Santa Ana del distrito de Perené, en Junín, que habría sido originado por el consumo de los alimentos que se distribuyeron en dicha institución educativa.

Al respecto, la presidenta de la comisión cuestionó los objetivos específicos que ha cumplido este programa durante el año 2023, con el presupuesto asignado de más de 2 millones de soles, teniendo en cuenta que los programas sociales tienen una vocación temporal.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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