Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, el Pleno del Congreso aprobó con 100 votos a favor, 08 en contra y 04 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 3413, 3557, 5956 y 6452, que propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Decreto Legislativo 1393, Decreto Legislativo que regula la interdicción en las actividades ilegales en pesca, a fin de incorporar y regular el delito de construcción o modificación ilegal de embarcación pesquera.

Es así que el dictamen establece incorporar el artículo 308-E al Código Penal, Decreto Legislativo 635 y la modificación de los artículos 3 y 9 del Decreto Legislativo 1393, planteando que entre las actividades ilegales está comprendida la “construcción o modificación de una embarcación pesquera, durante periodos de prohibición o sin contar con autorización de incremento de flota o licencia de construcción”.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Milagros Rivas Chacara (PL), sustentó el dictamen, precisando que el sentido de la norma es sancionar en la vía penal, al que construye y/o modifica de manera ilegal embarcaciones pesqueras.

Añadió que esta conducta ilícita genera el aumento del esfuerzo pesquero y el tamaño de las bodegas de la flota pesquera, perjudicando el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos que es el bien jurídico protegido por el Estado.

Agregó que este delito recae sobre los propietarios de astilleros sean legales o ilegales, sobre quienes realizan la actividad de construcción y modificación en sí misma. “Lo que se busca es desincentivar esas prácticas ilegales mediante la introducción de medidas positivas más estrictas, estableciendo un marco legal más robusto para combatir la pesca ilegal”.

Durante el debate la parlamentaria Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), en su calidad de autora de una de las iniciativas legislativas, sostuvo que la propuesta normativa tiene la finalidad de frenar la pesca ilegal que compite con los pescadores artesanales de manera desleal.

“Esta práctica ilegal genera riesgo a la economía y la sostenibilidad de los recursos de todos los peruanos”, precisó.

La Representación Nacional, acordó también con 96 votos a favor, 06 en contra y 06 abstenciones la exoneración de la segunda votación.

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