En declaraciones a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, expresó que la reciente aprobación y publicación de la Ley 32330 que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables de delito penal, responde a la necesidad de sancionar una situación recurrente de inseguridad ciudadana en nuestro país.

“La mayoría de las personas que utilizan un arma, en motocicleta, para victimar a un ciudadano indefenso son menores de edad. En las últimas semanas en La Libertad, los que han arrojado granadas a las oficinas del Ministerio Público y a la casa de una jueza han sido menores de 18 y mayores de 16 años”, argumentó Salhuana Cavides.

Asimismo, señaló que el Parlamento aprobó otra norma que incrementa las penas de las personas que utilizan a los menores de edad (autores intelectuales).

“En el Estado de derecho que tenemos es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución Política del país. Si ella dice que es inconstitucional (una ley) se dejará sin efecto. Mientras los jueces y fiscales deben aplicar esta norma en toda la república”, afirmó.

Salhuana cuestionó que menores recluidos en centros juveniles como “Maranguita” salen a los tres meses a delinquir nuevamente.

“Hay jóvenes que han sido detenidos dos hasta tres veces, cometiendo el mismo hecho delictivo”.

JEFE DE LA PNP

Sobre las revelaciones periodísticas donde testigos afirman que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, habría recibido dinero de mineros informales en Arequipa, Salhuana Cavides indicó que todo hecho ilícito debe investigarse.

“En el país hay una Fiscalía, un Ministerio Público, un Poder Judicial que sanciona y cada uno cumple su responsabilidad”, dijo.

MINERÍA INFORMAL

Con relación a una nota periodística que señala que personas ligadas a la minería informal, supuestamente, habrían visitado a parlamentarios, aclaró que el Congreso de la República tiene una política de puertas abiertas. No obstante, dijo que aquel ciudadano con requisitoria que intenté ingresar a cualquier sede del Poder Legislativo es detenido inmediatamente.

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