Añadió que el Ministerio Público tenía 28 cuadernillos abiertos contra Odebrecht y sus consorciadas por lo que cuestionó que se aceptara el monto irrisorio que tampoco es respaldado por el presidente Martín Vizcarra.

“En el decreto legislativo 1068, art. 7, inciso i), de las atribuciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se señala que tiene las atribuciones de planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado, entonces se debió articular ya que la dirige el ministro y no está a su libre albedrio el procurador como lo señalan”, subrayó.

En otro momento, indicó que el monto de las reparaciones de Vladimiro Montesinos y compañía no son nada frente a 5 mil millones de dólares que se han llevado las empresas brasileras.

“Es el robo millonario del siglo, a medios y a periodistas les ha caído el dinero y atacan por 2 mil soles. Odebrecht nos ha puesto siete demandas, se les debió poner una cláusula para que no lo hagan si se les iba a dar tantos privilegios.

En respuesta a lo dicho, Janet Sánchez (PPK) señaló que la autonomía funcional de la defensa jurídica se ejerce por procuradores públicos y justificó el monto de la reparación civil puesto que se ha sacado en base a la ley N° 30737. “Hay que ser parte de la solución; propongamos y no juzguemos, no hay intención de dañar de parte del Ejecutivo”, sentenció.

Luego, Alejandra Aramayo (FP) dijo que la reglamentación de la norma suscrita exime a la empresa de las responsabilidades. “Tenemos un reglamento que se distancia del espíritu de la norma. No pretendo claudicar a mi responsabilidad, si bien es cierto que al procurador no lo nombra el ministro, este asume los activos y pasivos de tal designación”, remarcó.

TUBERCULOSIS Y SÍNDROME DE DOWN

Al iniciar su intervención, la legisladora Luz Salgado recordó el Día de la lucha contra la tuberculosis que se realizará el próximo domingo. “Esta es una tarea en la que el Congreso lidera porque somos uno de los pocos países que tiene una ley en Latinoamérica sobre el tema», dijo.

Así también indicó que recién se ha inaugurado con el Minsa una sala de cirugía para tuberculosos quienes son altamente contagiosos; por ende, su operación no puede hacerse en cualquier hospital. “Cuesta 40 mil soles por paciente la intervención y el total de tratamiento cuesta 40 mil dólares. No olvidemos que somos el segundo país con TBC multidrogo resistente”, resaltó.

Alejandra Aramayo recordó que hoy se celebra el Día internacional de síndrome de Down, puesto que el Parlamento tiene dos colaboradores con esta enfermedad que muestran bondad, dulzura y ternura, según expresó.

SE DEFIENDEN INTERESES

Pasadas las ocho horas de discusión, los parlamentarios continúan en un intenso debate en la sesión de interpelación a la que es sometido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas. Un sector de la bancada de Fuerza Popular se mostró en favor de la interpelación, mientras que la bancada del Frente Amplio en contra.

El parlamentario Marco Arana Zegarra (FA), se manifestó en contra la interpelación y señaló que el tema de fondo es que en este Pleno están defendiendo a la empresa Odebrecht.

“No pueden decir que el Estado va a dejar de recabar por el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato y el Ministerio Público con la empresa Odebrecht», dijo.

Hubo también un ligero altercado entre el legislador Jorge Del Castillo, quien solicitó el retiro de la palabra del congresista Arana al decir que “la bancada aprista es mafiosa”. Al pedido del segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, el parlamentario Arana Zegarra retiró la palabra.

En tanto, la legisladora Marisol Espinoza Cruz hizo una observación al señalar que no puede ser cuestionable el contrato, pero sí los términos de la negociación y “creo que nadie en este país puede decir que es beneficioso del país esta negociación. Nos corresponde defender los intereses del Estado y del pueblo”, expresó.

Tania Pariona Tarqui (NP), recordó que el Pleno del Congreso en la legislatura pasada cambió la reparación solidaria por responsabilidad mancomunada. “Se dice que hay duda en el contrato y del acuerdo de colaboración eficaz. No hay duda de nada, lo que hay es miedo de saber los próximos nombres”, dijo.

Por su parte, Mauricio Mulder Bedoya (CPA), dijo que este Pleno está haciendo un ejercicio democrático. “El convenio hecho por el Estado es para que no se digan cosas, es para callar. Barata no va a decir nada de los proyectos de Olmos y Alto Piura. No dirá nada”, sostuvo.

PRENSA CONGRESO