La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano (APP) aprobó esta tarde, por mayoría, declarar procedente y admitir a trámite la Denuncia Constitucional 355 contra Betssy Chávez Chino, en su condición de congresista y exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por la presunta comisión de los delitos de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.

A Chávez Chino se le imputa la denuncia de haber mantenido relaciones con el núcleo familiar Sotelo Villa, en función de su relación sentimental con Abel Sotelo Villa, y por lo cual ejerció presión e influencia para hacer contratar en organismos del Estado a tres miembros de la misma.

Esto, se aduce en el informe de calificación, obedecería a un interés distinto al interés ordinario, lo cual devendría en indebido, y estaría enmarcado en los artículos 399 y 400 del Código Penal. La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

La votación fue de 18 votos a favor, uno voto en contra y cero abstenciones.

Inmediatamente, los miembros de esta subcomisión aprobaron por unanimidad admitir a trámite por procedente las denuncias constitucionales planteadas por diversos ciudadanos, y hechas suyas por la congresista Kira Alcarraz Agüero (SP) contra las parlamentarias Rosío Torres Salinas (APP) Katy Ugarte Mamani (NoA) Magaly Ruiz Rodríguez (APP) y María Acuña Peralta (APP).

Las denuncias contra las parlamentarias mencionadas fueron formuladas por el ciudadano José Luis Briones Trujillo, hechas suyas por la congresista Kira Alcarraz Agüero (SP) por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal y por la presunta infracción constitucional de los artículos 1; 23; 38; y 39 de la Carta Magna.

A todas ellas se les acusa de haber recortado sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos congresales.

La congresista Rosío Torres Salinas (APP) se encuentra inmersa en las Denuncias Constitucionales 361 y 370 (acumuladas). El informe de calificación obtuvo 18 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

El caso de la congresista Katy Ugarte Mamani (NoA) se encuentra en la Denuncia Constitucional 362. El informe de calificación obtuvo 19 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

La congresista Magaly Ruíz Rodríguez (APP) se encuentra en la Denuncia Constitucional 363. El informe de calificación obtuvo 19 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

El caso de la congresista María Acuña Peralta (APP) está en la Denuncia Constitucional 364. El informe de calificación obtuvo 19 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

IMPROCEDENTES

Del mismo modo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedentes dos denuncias.

La primera, de acuerdo con el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 291, fue formulada por el ciudadano Wenceslao Condori Huanca contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia: Henry Ávila Herrera, Aldo Vásquez Ríos, Humberto de La Haza Barrantes, Guillermo Thornberry Villarán, Luz Terro Ñecco, Imelda Tumialán Pinto y María Zavala Valladares. Obtuvo 14 a favor, 3 en contra y 1 abstención.

La segunda, de acuerdo con el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 346, fue formulada por la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (SUMACOL), representada por su presidenta María Elena Aguilar Macizo, contra exministro de Educación, Oscar Becerra Tresierra. Obtuvo 18 votos a favor, cero votos en contra y una abstención.

OFICINA DE COMUNICACIONES