En pleno ejercicio de sus facultades de fiscalización y de control político, la Comisión de Constitución y Reglamento acordó hoy, viernes, 3 devolver al respectivo grupo de trabajo, por presunta inconstitucionalidad, el informe acerca de un decreto legislativo dictado por el Poder Ejecutivo relacionado con la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos.
Fue dispuesto luego de una cuestión previa, aprobada por diez votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, después de que fuera propuesta por la legisladora Patricia Donayre Pasquel (FP).

La medida gubernamental se refiere a ciertas disposiciones en cuanto a las prerrogativas de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, del Ministerio de Economía y Finanzas, las que tendrían caracteres de vinculantes, exclusivas y excluyentes.
La congresista Donayre señaló que varias de las medidas hacían notar que la disposición presentaría visos de inconstitucionalidad, motivo por el cual consideró que el tema debería de ser devuelto, para un mayor estudio, al Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, que preside la legisladora Úrsula Letona Pereyra (FP).

Momentos antes, el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) calificó de “peligroso” el decreto legislativo al otorgarse esas prerrogativas a un organismo del Poder Ejecutivo porque podría dar lugar a que no se pueda controlar la dación de medidas de corrupción tal como, dijo, se había advertido actualmente en el país con una serie de proyectos de desarrollo e infraestructura y a través de empresas y consorcios como Odebrecht, por ejemplo.

De similar criterio fue Marisol Espinoza Cruz (APP), al hacer ver que se advertía una grave contradicción en esferas del Ejecutivo, en el sentido que, por un lado, se combatiría a la corrupción, y por otro se dictaba medidas para blindarla y hasta dejar impunes esos hechos delictivos.

CASO LAVA JATO
Antes de levantar la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, Miguel Torres Morales (FP), anunció que el martes 7 se efectuará otra reunión a fin de considerar y aprobar una opinión solicitada a ese grupo dictaminador por la Comisión Investigadora Multipartidaria del llamado ‘Caso Lava Jato’.
Ello, en relación a la negativa del fiscal Hámilton Castro Trigoso, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, del Ministerio Público.
En la sesión efectuada en el Hemiciclo de Sesiones del Pleno del Congreso, la Comisión aprobó, por unanimidad, los informes de varios decretos legislativos dictados sobre diversas materias, lo cual se determinó porque estaban en armonía con el artículo 104 de la Constitución del Estado, el artículo 90 del Reglamento del Congreso y por estar enmarcados en la Ley Nº 30506, por la cual el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.

Fue alrededor de una veintena de normas debatidas y aprobadas. Aun cuando muchas de las disposiciones consideraban inevitables asuntos como temas de fondo, cosa que fue compartida por la presidencia, el congresista Torres Morales invocó a sus colegas a que ciñan su trabajo a asuntos puntuales como el hecho de que los decretos legislativos sean constitucionales, enmarcados dentro de la ley y que no excedan de las facultades legislativas aprobadas por el Congreso de la República. (JTR).

PRENSA-CONGRESO

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