Con 57 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la cuestión previa, presentada por el congresista Jaime Quito (BS), que planteaba el retorno a comisión del dictamen que propone la ley que modifica la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, a fin de restituir el financiamiento privado de personas jurídicas y dicta disposiciones para el empleo del financiamiento público.

La propuesta de los proyectos de ley 1607/2021-CR, 3153/2022-CR, 4424/2022-CR, 4597/2022-CR, entre otros, constaba de dos ejes centrales, el primero relacionado con el financiamiento privado de los partidos políticos y el segundo enfocado en el financiamiento público directo y el uso eficiente de dichos recursos.

A su turno, el congresista Luis Aragón Carreño (AP), vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, sustentó que en el marco de la transparencia, es vital restituir la posibilidad de que las personas jurídicas nacionales, puedan financiar a los partidos políticos.

“Es una medida que, además de proporcionar una fuente legítima de recursos para los partidos, va a reivindicar el derecho de estas entidades a participar de manera activa en la vida política del país”, remarcó.

DEBATE

Durante el debate el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), dijo que es alentador que se corrija un error que se cometió hace algunos años, cuando se prohibió el financiamiento de las economías formales a los partidos políticos.

“Hoy tenemos un dictamen donde se colocan algunos ajustes al financiamiento público, pero también se dispone el financiamiento privado por parte de personas naturales y jurídicas”.

Patricia Juárez Gallegos (FP), sostuvo que el tema del financiamiento privado ha sido ampliamente debatido por la academia y sectores que consideran que el retorno al financiamiento privado por empresas de manera transparente, e incluso aquellas que contratan con el Estado, “puede significar en alguna medida, disminuir el aporte ilegal que realizan algunas economías a campañas (electorales)”.

Los legisladores Ruth Luque Ibarra (BDP), Víctor Cutipa Ccama (JP-VP) y Susel Paredes Piqué (BDP), mostraron su disconformidad con la propuesta, refiriéndose a diversos artículos y disposiciones.

“Considero que el texto no garantiza la transparencia, además de debilitar un artículo que ya está regulado en el Código Penal sobre el financiamiento ilegal de partidos”, expresó Luque Ibarra.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL