La Comisión investigadora ‘Lava Jato’ convocó el miércoles 6 a Carlos Ferrero Costa y Glodomiro Sánchez Mejía para que informen su participación como integrantes del consejo directivo de ProInversión durante el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur.

Si bien ambos rechazaron cualquier vinculación directa en la responsabilidad de algún favorecimiento a la empresa Odebrecht, lamentaron las denuncias que se han hecho en contra de la actuación del expresidente Alejandro Toledo. El ex jefe del gabinete dijo que éste había ocasionado un daño moral al país; por su parte Sánchez Mejía (ex ministro de Energía y Minas en su gobierno) afirmó que se sentía desilusionado y engañado y lamentaba su actuación.

            Ferrero Costa, ex presidente del Congreso y jefe del gabinete de ministros en el gobierno de Toledo, respondió, sin preámbulo alguno, a las interrogantes que le plantearon principalmente las congresistas Rosa María Bartra –presidenta de la comisión- y Karina Beteta.

            Informó que para la concesión del proyecto IIRSA-Sur se realizaron los respectivos estudios de factibilidad y que eran suficientes porque se había considerado –con el consenso de los ministros- que se trataba de una carretera de gran necesidad para la población del sur del país y que “cualquier gobernante lo hubiera hecho”.

            Sostuvo que estaba justificada la concesión, incluso los precios iniciales, y que cualquier aumento en los costos se hizo a través de las adendas posteriores  y no durante el gobierno de Toledo. Es más, dijo, ningún congresista en los años 2006, 2007 y después, denunció que hubo alguna irregularidad.

            Sostuvo más adelante que no se ha comprobado que hubiera habido una desproporción entre los costos y la rentabilidad y que solo se podrá saber después de 10 o 15 años de construida.

            ¿Se debió cambiar las condiciones del contrato?, se le preguntó. “Toda construcción es perfectible. Fue una obra realizada por tres contratistas, no por el gobierno y siempre surgen imprevistos que no han sido considerados”, respondió.

            Dijo que por “la presión popular” de los pobladores del sur se exoneró de otros estudios y de alguna otra responsabilidad, pese a que se le hizo saber que hubo en ese momento observaciones por parte de la Contraloría General. “Los empresarios dijeron que no tenían problemas con la justicia y los informes técnicos decían al respecto que no eran aplicables las observaciones” (problemas judiciales de las empresas participantes con el Estado peruano).

            Ferrero comentó que la aprobación del proyecto dependió también de la urgencia y desconocía que hubiera coimas al respecto. El precio acordado fue de 890 millones de dólares y los cambios habidos se realizaron en los gobiernos posteriores. Dijo que lamentaba lo ocurrido y que se sentía defraudado porque las denuncias en contra del exgobernante eran un daño moral para el país; sin embargo, acotó que no tenía pruebas que haya sido objeto de coimas.

            Afirmó que la construcción de la Interoceánica se trataba de un anhelo presidencial, algo normal en un presidente que quiere ver los frutos durante su gestión. Comentó que nunca se sintió presionado.

            En otro momento, Carlos Ferrero, en respuestas muy breves, reveló a la comisión que el consejo directivo de ProInversión dio validez a la ejecución de la obra, que había urgencia que estuviera lista en el plazo estipulado y que fue responsabilidad directa del ministerio de Transportes y Comunicaciones.

            Respondiendo a las preguntas de Víctor García Belaunde, el ex jefe del gabinete de Toledo dijo que el proyecto de la Interoceánica Sur llevaba programado cinco o seis años  y finalmente fue puesto en debate su ejecución en el 2005 por el comité de ProInversión. “Nadie influenció o presionó para que se aprobase este proyecto en 18 minutos” (tiempo que demoró absolver las observaciones mediante sendos informes jurídicos), refirió.

GLODOMIRO SÁNCHEZ 

A continuación se presentó el excongresista y exministro de Energía y Minas (2004-06) en el gobierno de Toledo, y también integrante del consejo directivo de ProInversión, Glodomiro Sánchez.

Respecto a las preguntas de las congresistas mencionadas y de Jorge Castro, respondió que después de 12 años de entregarse la concesión continúan los problemas, pese a que fue una necesidad reclamada por los pueblos del sur como vía de integración y de desarrollo de la infraestructura vial.

Sánchez Mejía lamentó que se haya incluido a Toledo Manrique en los sobornos de las empresas brasileñas y calificó de indigna y de actuación desleal el papel del exmandatario. “Me siento dolido y engañado”, remarcó. (OMC)   

PRENSA-CONGRESO

6-9-17

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