La Comisión de Constitución y Reglamento escuchó este miércoles 2 la posición de las universidades privadas frente a tres propuestas legislativas que proponen reformar la Carta Magna, a fin de que ese sector tenga la obligación de pagar impuesto a la renta.

A la sesión fueron invitados representantes de este sector educativo, quienes coincidieron en señalar que la aprobación del dictamen respectivo afectaría a la población estudiantil, se cerrarían esas casas de estudio y se perjudicaría a la educación superior en el Perú.

Entre ellos asistieron el rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Edward Roekaert Embrechts; y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Melissa San Martín Broncano. De igual manera, Iván Rodríguez Chávez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP).

Roekaert Embrechts señaló que gravar a la educación privada con impuestos directos e indirectos, volvería más cara la educación universitaria y que el Estado no cumpliría con su rol de promover y proteger la educación en el país.

“Lo último que se necesita en el país es tener una educación inaccesible para una formación que es complementaria a la que dan las universidades del Estado. Lo que debe hacerse es reforzar ese rol”, anotó.

De esta manera, se refirió a las propuestas legislativas de los congresistas Alberto Quintanilla Chacón (NP) del periodo pasado y de Jim Ali Mamani Barriga (UPP) y de Richard Rubio Gariza (Frepap), del presente período.

Las tres propuestas coinciden en la necesidad de modificar la Carta Magna en su artículo 19 sobre el régimen tributario de las instituciones educativas.

San Martín Broncano dijo que la Universidad Cayetano Heredia es una institución asociativa sin fines de lucro, es decir, que no reparte utilidades, sino que las revierte en infraestructura y requerimientos de esa casa de estudios superiores.

En particular se refirió a la investigación, en la que están inmersos la mayoría de sus investigadores en la lucha contra el COVID-19 tanto en el desarrollo de la vacuna, como en las pruebas moleculares.

“De eliminarse la exoneración del pago de impuestos, el costo se trasladaría al estudiante, haría más cara las matrículas y los estudios y limitaría la participación de un número mayor de estudiantes”, anotó.

Rodríguez Chávez, por su lado, calificó de inconveniente la aprobación de las propuestas, porque elitizaría más la universidad y se restringiría el acceso a la educación universitaria.

“La educación privada no es una intrusa. Ha sido requerida por el Estado desde los inicios de la vida republicana, para complementarla”, expresó, tras indicar que en el tiempo se ha ido recortando subvenciones y rentas, y se ha ido cerrando puertas, lo cual no es conveniente para la población.

Puso énfasis al recomendar que no debe llevarse adelante esta reforma constitucional que provocaría que menos gente acceda a la educación superior.

Finalmente, el congresista Carlos Mesías Ramírez, coordinador del grupo de trabajo encargado de las mejoras del Código Procesal Constitucional, solicitó una prórroga de 45 días para culminar con el informe, lo cual fue aceptado en forma unánime.

Lima, 2 de setiembre de 2020

PRENSA-CONGRESO