Con 67 votos a favor, cinco en contra y 15 abstenciones, la Representación Nacional aprobó el informe de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Estado, y -por ende- la resolución legislativa que lo inhabilita para el ejercicio de la función pública por cinco años.

En el informe final se concluye que Martín Vizcarra ha cometido infracción constitucional en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

La denuncia constitucional fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz en el 2019 quien dijo que Vizcarra no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra SAC cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Antes del pronunciamiento de la asamblea legislativa ejerció su derecho a la defensa el expresidente Vizcarra Cornejo -quien conjuntamente a su abogado Jonathan Correa Arias- dijo que no ha infringido el artículo 126 de la Constitución. «Ya tengo una inhabilitación por diez años (por el caso irregular de la vacunación de Sinopharm). Pido un voto apegado a la ley», dijo antes de retirarse del hemiciclo.

La congresista María Taipe Coronado (PL) sustentó el informe parlamentario en su condición de ponente de la subcomisón acusadora, afirmando que «se basa en un juicio político. Es decir, aquel que permite un procedimiento. El denunciado realizó acto alguno en favor de la empresa OBRAINSA, los mismos que se han traducido en adjudicación de una serie de obras de construcción de puentes, así como la construcción de kilómetros de carreteras, incurriendo así en infracción al artículo 126 de la Constitución», señaló.

Una vez que se retiró el expresidente y su abogado del hemiciclo se dio pase al debate multipartidario en el que el legislador Edwin Martínez Talavera (AP), dijo que «no es un juicio jurídico, sino político, y se ha demostrado responsabilidades».

La congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), indicó que «el discurso del ex presidente nadie le cree y ha sido inhabilitado por 10 años por más de 6 denuncias constitucionales infringiendo la ley».

El legislador Jorge Montoya (RP), indicó que se está debatiendo el informe por la grave infracción a la Constitución y la ley. «Queda demostrado que el expresidente falta a la verdad en su pésima gestión», dijo. Su colega de bancada, Alejandro Muñante, sostuvo que Vizcarra sí cometió una infracción constitucional mientras que el legislador José Cueto afirmó que el expresidente debe ser sancionado «por las pruebas rápidas (anticovid) y por dar un golpe de Estado al cerrar el Congreso».

El congresista Wilmar Elera García (SP), defendió al expresidente manifestando que no ha cometido delito alguno. «Actuemos con legalidad al momento de votar», sostuvo. El legislador Luis Aragón (AP), señaló que Vizcarra nunca respetó la Constitución mientras que el congresista Alejandro Aguinaga (FP), criticó la presencia del ex presidente ante el Pleno porque ha violado la ley.

Los legisladores de la bancada de Perú Libre, Alfredo Pariona, Flavio Cruz, Elías Varas, y Janet Rivas, señalaron que corresponde al Congreso resolver la sanción al expresidente de acuerdo a la ley.

OFICINA DE COMUNICACIONES