El Contralor General, Nelson Shack, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley por el cual solicitará 120 días para reestructurar la institución a su cargo, reasignar recursos y transferir  otros, además de la creación de un régimen simplificado de contrataciones y el acceso masivo, directo, permanente y en  línea a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información.

            En su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría el miércoles 18, Shack Yalta informó de las principales acciones de control que realizará y reiteró (como lo hiciera ante la Comisión de Presupuesto) que las Oficinas de Control Interno (OCI) de los gobiernos regionales y municipalidades pasarán a la Contraloría.

            Dijo que de 3,697 entidades sujetas a control,  914 tienen una OCI, no así el 91% de los municipios del país. Comentó que los auditores son  pagados por las municipalidades y la propia entidad que es auditada, por ello el control efectivo es muy bajo y el propósito es que dependan administrativamente de la Contraloría.

            Informó que el promedio de las entidades seleccionadas en la implementación del control interno es un 26,8% (un nivel intermedio) y se espera que al pasar a la CGR pueda superar el 53%. Este índice de medición del control interno fue recogido en base al cuestionario que se realizó a 311 entidades a nivel nacional.

            El Contralor se refirió también al procedimiento administrativo sancionador y halló 15,880 funcionarios comprometidos. 6,609 están pendientes del inicio del procedimiento, un número cercano tiene iniciado su proceso y 950 casos están en proceso de apelación en el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa.

            Shack dio a conocer que presentará una iniciativa legislativa para la creación de una nueva Ley Orgánica porque el propósito es reformular la institución, establecer una línea de carrera y poner orden administrativo, incluso el tema salarial.

            Informó que un mil auditores serán capacitados en teoría del delito y en el ámbito penal, que estará a cargo de los fiscales anticorrupción y expertos en lavado de activos. A su vez, la CGR capacitará a 500 fiscales.

            Una tarea que va a asumir el organismo de control será su participación en la “reconstrucción con cambios” que manejará la institución creada con ese fin, 25,655 millones de soles hasta el año 2020. El objetivo del trabajo será determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras que realicen en el marco de ese trabajo cumplen con las normas establecidas. Se estima que se realizarçan 9,976 proyectos en trece departamentos.

            Asimismo, informó en la comisión que se crearán las Veedurías Ciudadanas que se entiende como la labor de inspección e información de obras por hacerse y en ejecución a cargo de personas naturales, en sus propias jurisdicciones, con el propósito de evitar acciones irregulares o una probable corrupción.

            Otra de las tareas será, según el funcionario, el control integral, articulado y permanente de los grandes proyectos y megaproyectos de inversión, desde los análisis de riesgo, seguimiento y monitoreo, control previo vinculante, simultáneo y posterior que deben ser oportunos, basados en resultados de todas las fases y con objetivos concretos.

            Se estima que la inversión de los grandes proyectos (244) será de 33 mil millones de soles y que los 156 megaproyectos tendrán una inversión de 228 mil millones de soles.

            En la participación de los congresistas –algunas de cuyas respuestas fueron expresadas en el momento y otras quedaron en absolverlas por escrito- , Héctor Becerril expresó su preocupación porque un 70% de las obras que realizan los gobiernos subnacionales están en abandono, como dos hospitales en Tumbes.

            Lucio Ávila dijo que las propuestas del Contralor frente a la corrupción eran “muy blandengues” y debería ser la muerte civil para los responsables y que los malos funcionarios deben ser sacados de inmediato. Luego enumeró una serie de obras de infraestructura vial que han sido sobrevaloradas (como la carretera Puno-Juliaca de solo 44 km) y dos hospitales que no han sido construidos.

            A su vez, el congresista Mauricio Mulder dijo que muchas de las propuestas del Contralor van a chocar con la realidad y pidió que se digan los nombres de las personas “claves” en los actos de corrupción y no los de cuarto nivel.

            Por su parte, el congresista Yonhy Lescano pidió que la Contraloría se pronuncie sobre el DU 003 (corresponsabilidad de las empresas nacionales con extranjeras en actos de corrupción), si es acertado o no; sobre las millonarias multas a dos empresas por concertación de precios que han sido “perdonadas” por Indecopi y la situación de la empresa Kuntur Wasi.

            Tapia Bernal preguntó cuántos malos funcionarios están en la cárcel y denunció una serie de obras inconclusas y sobrevaloradas en Cajamarca; mientras que Roberto Vieira dijo que hay que apoyar a la CGR, pero observó que exdirectivos de la Sociedad Nacional de Pesquería estén trabajando hoy en el gobierno central, uno de ellos como viceministro de Pesquería.

PRENSA CONGRESO