El congresista Manuel Dammert denunció que el Gobierno se apresta a firmar un nuevo contrato de exportación del gas de Camisea con la Shell que le costaría al país unos US$ 20 mil millones en los próximos 20 años, cediendo totalmente la soberanía sobre el recurso natural. 

Dammert reveló que de este modo el Gobierno legaliza una serie de irregularidades cometidas en la exportación del Gas de Camisea, como el caso de los reembarques revendidos por Repsol durante los años 2011-2012, y por Shell durante los años 2013-2014.

Entre el 2010 y el 2011, el Consorcio Camisea y Repsol (hoy Shell), exportaron embarques de gas natural del Lote 56 a México, pero la consultora Galway, contratada por Perupetro, verificó que 10 de estos embarques fueron reexportados a otros destinos donde el precio del gas era mayor.

Esos casos fueron llevados, en julio del 2012, a un arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que le dio la razón al Estado y obligó a Repsol que pague 64,9 millones de dólares por las regalías impagas de 10 reembarques.

El congresista acusó a la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, de haber desconocido esa sentencia en el 2014, cuando la Shell volvió a incurrir en la reexpotación del gas vendido a México, lo que le hubiera permitido al país cobrar otros cientos de millones. La ministra aceptó un pago irrisorio de apenas US$ 13,7 millones por regalías del gas natural por siete embarques que fueron revendidos en Asia, indicó.

Dammert explicó que la diferencia en el pago de las regalías obedece a que el valor que se toma para calcular las regalías en el país es la “henry hub” que está en un promedio de 2 dólares por millón de BTU, mientras que el precio en el mercado asiático puede llegar a cotizarse a US$14 por millón de BTU.

En el foro organizado por el congresista Dammert, el expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, reveló que la Constitución fujimorista avaló estos atropellos contra los recursos de todos los peruanos, porque el artículo 62 de la Constitución se consagran los contratos-ley, que solo pueden ser renegociados por acuerdo entre las partes.

PRENSA-CONGRESO*

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