Con diecinueve votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone garantizar la transparencia de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas, privadas o mixtas, respecto de los servicios, productos o dispositivos médicos que ofrecen.

La propuesta tiene por objeto garantizar la transparencia en la información, el respeto al derecho de información y a la prestación de la economía del usuario de los servicios de salud, brindados por las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas, privadas o mixtas. Esta aplica a nivel nacional, así como a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, que como ente rector dicta las medidas complementarias necesarias, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud es la entidad competente para supervisar el cumplimiento de la presente ley.

El dictamen indica también que el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, crea y mantiene actualizada de manera permanente una página web a través de la cual las instituciones prestadoras de servicios de salud (farmacias, boticas y droguerías, ya sean públicas, privadas o mixtas) informan a los pacientes sobre los precios de los productos y servicios que brindan.

El dictamen plantea que las prestadoras de servicio de salud deben exhibir en un lugar visible del establecimiento la información relativa a la prestación de servicios, ventas de productos o dispositivos médicos que ofertan, asimismo deben de informar a los usuarios sobre el procedimiento de reclamo que puedan iniciar ante la Superintendencia Nacional de Salud. Además, deben de atender el requerimiento de los usuarios o de la entidad estatal competente de informar sobre el costo de cada una de las prestaciones, donde se agregue todos los conceptos que permitan tener conocimiento real y oportuno.

Otra de las propuestas de la iniciativa es respecto al derecho del usuario, donde puede resolver el contrato, con lo cual procede la devolución del dinero cobrado en exceso, por tanto, queda prohibido cualquier cláusula de renuncia a la devolución de dicho concepto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Johan Flores Villegas (PP), dijo que la iniciativa legislativa pretende el desarrollo económico y social equilibrado en defensa y protección del consumidor, estableciendo medidas que aseguren la transparencia de información de los centros o  establecimiento privado de salud.

«La iniciativa legislativa propone establecer disposiciones que garanticen la transparencia, el derecho a la información y a la protección de los usuarios de los servicios de salud brindados por establecimientos de salud privados», expresó.

Lima, 15 de enero de 2021

PRENSA-CONGRESO