Con 108 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional.

Entre las medidas, se establece normas que regulan el proceso de ejecución de las obras por administración directa en las mejores condiciones de calidad, costo, plazo, transparencia, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado a nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública.

Sustentó la propuesta, la legisladora Silvia Monteza Facho (AP), presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Indicó que la propuesta señala que todo aquel que participa en la ejecución de las obras por la modalidad de administración directa está obligado a actuar con honradez, veracidad, equidad, probidad y lealtad.

Además, los procesos, procedimientos y decisiones que se realicen o adopte y los funcionarios y servidores públicos, respecto de la ejecución de las obras por admisión directa, deben estar orientadas a maximizar el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines de la obra a ejecutar.

Igualmente, las entidades que ejecuten obras públicas por administración directa, están obligadas a adoptar acciones para generar, conservar y resguardar la información, registros, archivos digitales, comunicaciones y demás documentación, generada en relación con la ejecución de estas horas; así como facilitar el proceso a dicha información a las entidades que ejercen funciones de control y supervisión, y a la ciudadanía en general, sin limitaciones y restricciones a través de cualquier medio.

Asimismo, las acciones y decisiones que se adopten en la ejecución de obras directas deben privilegiar la mejor combinación de costo y calidad; así como observar los criterios de simplicidad austeridad y ahorro en el uso de los bienes y recursos del Estado.

El parlamentario Luis Aragón Carreño (AP) se mostró a favor de la iniciativa porque, según dijo, la propuesta establece las normas que regulan el proceso de ejecución de las obras por administración directa.

El congresista Egdard Reymundo Mercado (CD-JP) indicó que existen más de 2 mil obras paralizadas que suman una pérdida de 18 millones de soles.

El legislador Pedro Martínez Talavera (AP) dijo que la iniciativa se parece a un tema político y que las obras directas generan mucha corrupción.

El legislador Carlos Zeballos Madariaga (PD) dijo que el tema de las obras por administración directa no cuenta con una normativa que permita ejecutar de una manera controlada y cautelando los recursos del Estado.

La iniciativa legislativa fue exonerada del trámite de segunda votación.

OFICINA DE COMUNICACIONES