La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología recibió a Anaís Zavala Huaisara, experta en regulación de Seguridad y Confianza Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien expuso los avances en el proceso de reglamentación de la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social del país.

La funcionaria informó que, durante la segunda etapa de consulta pública, se recibieron más de 2,300 aportes provenientes de expertos, sociedad civil, academia, entidades públicas y sector privado. “Más del 60 % de los aportes fueron acogidos, lo que representa un cambio sustancial y demuestra que este proceso es fundamental para el país”, precisó.

Explicó que el proyecto de reglamentación ha sido presentado a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, la cual tiene un plazo de aproximadamente 10 días hábiles para pronunciarse. Luego, será evaluado por la Comisión de Coordinación Viceministerial, y tras su aprobación, se espera que en junio se oficialice el reglamento.

Asimismo, se indicó que la reglamentación incorporará la promoción de la innovación y el financiamiento, para fomentar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el país.

Retorno a Comisión

De otro lado, con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión aprobó la cuestión previa planteada por el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), para que el Proyecto de Ley 9356/2024-CR, que plantea modificar la Ley Universitaria (Ley 30220) y la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 31250), retorne a dicho grupo de trabajo para un mayor análisis.

“El concepto de licenciamiento permanente o no permanente de las universidades debe ser mejor planteado”, sostuvo el parlamentario Bustamante Donayre.

Durante la sustentación, el vicepresidente de la comisión, congresista Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Popular), señaló que esta medida busca fortalecer la calidad educativa mediante un modelo de licenciamiento renovable, basado en el principio de mejoramiento continuo.

“Este cambio no es solo terminológico, sino profundamente técnico, pues está alineado con los estándares internacionales, como la norma ISO 9001, y promueve ciclos de mejora planificados, evaluables y sostenibles en el tiempo”, subrayó.

Respecto de las opiniones institucionales, el Ministerio de Educación expresó su respaldo a la iniciativa, considerándola coherente con la Constitución y la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva.

Asimismo, la SUNEDU reconoció que la propuesta se alinea con los objetivos de la Ley Universitaria, recomendando que las modificaciones mantengan la supervisión posterior y enfatizando la importancia de evaluaciones periódicas para garantizar estándares mínimos de calidad.

Protección del consumidor digital

En otro momento, la congresista María Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) sustentó el Proyecto de Ley 10281/2024-CR, que propone la “Ley que establece la protección y defensa del consumidor digital”.

La iniciativa busca modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor para incluir categorías específicas de consumidores y proveedores digitales, desarrollando así sus derechos y obligaciones.

Su finalidad es garantizar la seguridad y protección en las transacciones digitales, fortaleciendo la confianza ciudadana en el comercio electrónico y los servicios digitales.

Se informó que el artículo 3 del proyecto plantea modificar los incisos 1 y 2, relacionados con las definiciones de los actores en las operaciones de consumo, estableciendo que, cuando la adquisición, uso o disfrute de un bien o servicio se realice a través de medios digitales, el consumidor tendrá características propias de un “consumidor digital”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL