Fue aprobada hoy por el Pleno del Congreso la reconsideración planteada de la votación realizada el pasado 10 de diciembre, en la que se rechazó el texto sustitutorio de un dictamen de la Comisión de Economía por el que se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias hasta el año 2018.

La reconsideración fue aprobada por 72 votos a favor, seis en contra y una abstención. Luego de ello se inició un amplio debate de legisladores, unos a favor y otros en contra de las exoneraciones tributarias. Finalmente, el proyecto, antes rechazado, fue aprobado en esta oportunidad artículo por artículo.
La propuesta de reconsideración fue planteada por el congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP), y en la fecha se procedió a consultar el parecer de la Representación Nacional. El proyecto había sido rechazado en sesión anterior por 36 votos en contra, 33 a favor y nueve abstenciones.

Para la aprobación de la reconsideración se requería de más de la mitad del número legal de congresistas en la presente sesión, cosa que se logró.
Conocidos los resultados, el presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca Jara (PP), refirió que la norma se refiere a una prórroga por tres años, hasta el 2018. Solicitó un debate inmediato y someter el tema a votación para incluir propuestas planteadas por legisladores durante la discusión anterior.

Roberto Angulo Álvarez (DyD) consideró conveniente examinar los temas señalados en la propuesta dictaminada y, de ser posible, que se aprobara por separado los artículos considerados en el texto. Manuel Dammert Ego Aguirre (AP-FA) se opuso a ello, dado que en diferentes aspectos de la proyectada norma había asuntos de gran alcance nacional que no podrían ser aprobados como asuntos específicos. Observó que se pretendía exonerar a quienes siempre han estado dispensados de esos pagos de impuestos.

Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA) opinó que era una “vergüenza” pretender aprobar una norma de exoneraciones justamente cuando, al debatirse el proyecto de Presupuesto General de 2016, se había dicho que no había recursos suficientes para que el Estado pueda ejecutar obras urgentes. Criticó que con esas normas se pretendía beneficiar y favorecer a empresas petroleras y mineras que operan en la selva en tanto que la población carece de servicios de agua y desague, entre otros. Se opuso a la aprobación de esa ley.

Fernando Andrade Carmona (PP) opinó que el proyecto apuntaba a proseguir con un régimen tributario que siempre se había aplicado y no había nada nuevo en ello. Rubén Coa Aguilar (NGP) dijo no que veía nada malo en la propuesta y sostuvo que se debería reflexionar acerca de la exoneración del Impuesto General a las Ventas y a las normas sobre fomento municipal, entre otras.
Jorge Rimarachín Cabrera (DyD) instó al Congreso a cumplir con el país y a no beneficiar a determinados sectores económicos y a entidades como LAN Chile y otras grandes empresas mineras y petroleras que no quieren tributar al país. Subrayó que se debe trabajar a favor del país y no del lobbismo en favor de ciertos intereses.

Intervinieron otros legisladores como Cecilia Tait Villacorta (NoA), quien respaldó la propuesta porque permitiría apoyar programas de servicios médicos. Víctor García Belaunde (AP-FA), tras un análisis de los alcances de la propuesta pidió que el tema fuese devuelto a Comisión. En tanto, el presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca, anunció que estaba alistando un nuevo proyecto de dictamen.

Con distintos pareceres y opiniones, en general para perfeccionar y mejorar la propuesta, intervinieron legisladores como Jaime Delgado Zegarra (DD) y Virgilio Acuña Peralta (SN), entre otros.
Modesto Julca intervino nuevamente y, en su calidad de presidente de la Comisión dictaminadora, solicitó que determinados artículos fuesen votados por separado.
De ese modo se sometió a votación el artículo 1º que señala la prórroga de las exoneraciones hasta el 31 de diciembre de 2018. Fue aprobada por 71 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.

Luego se aprobó el inciso b, relativo a la devolución del IGV y del impuesto al fomento municipal en favor de las empresas mineras. Fue sancionado por 58 votos a favor, 14 en contra y siete abstenciones.

Asimismo, fue aprobado el inciso c, relativo a la devolución del IGV (Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para el sector de hidrocarburos. El inciso c fue sancionado por 60 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones.

De ese modo, el dictamen fue aprobado artículo por artículo, tal como lo habían planteado varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Comisión de Economía.

En segunda consulta a la Representación Nacional, el dictamen fue exonerado de segunda votación. Fue por 65 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. (JTR).

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