Diversas autoridades y especialistas en seguros, recomendaron a los damnificados por la explosión de gas en Villa María del Triunfo, que negocien de manera colectiva para obtener mejores resultados.

Fue una de las conclusiones a la que se arribó durante una audiencia pública realizada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista, Wilson Soto Palacios (AP).

El titular del referido grupo de trabajo, Soto Palacios, formuló un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen una negociación justa y transparente para todas las víctimas y cumplan con su deber en este proceso de negociación, especialmente tras la tragedia que ha afectado a numerosas familias de escasos recursos.

Dijo que es urgente que las autoridades brinden el apoyo necesario y asegurarse de que se respeten los derechos de los damnificados, enfatizando que la vulnerabilidad económica de estas familias requiere una respuesta rápida y efectiva.

Durante la exposición, el especialista en seguros, Alonso Núñez Del Prado, enfatizó la importancia de la unión entre los damnificados para fortalecer su capacidad de negociación. «El daño moral y los perjuicios deben ser reparados adecuadamente. La suma asegurada no es el límite; el asegurado debe ser repuesto al estado anterior de hecho», expresó.

El representante de Indecopi Rodrigo Delgado Capcha, destacó que, bajo las normas de protección al consumidor, las víctimas de accidentes están protegidas por los seguros. Recalcó que las compañías de seguros tienen la obligación de proporcionar toda la información pertinente sobre condiciones y exclusiones, asegurando que los consumidores conozcan sus derechos.

Por su parte, el gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Chávez De Piérola, expresó su indignación por la situación que enfrentan cerca de 1,300 familias afectadas. «No hay derecho a que estén pasando por esto. Es fundamental que tengan acceso a toda la información y que se respeten sus derechos», afirmó.

Fernando Pinto Guevara, representante de los afectados, reiteró la exigencia de clausura definitiva del grifo de gas, asegurando que no debe funcionar bajo ninguna circunstancia. Jacinto Escobar, otro damnificado, criticó la ausencia de las autoridades y la falta de apoyo estatal para realizar un diagnóstico adecuado de los daños. «La asesoría legal tiene un costo. ¿Dónde está el Ministerio de Justicia?», cuestionó Escobar.

OTRO CASO
El testimonio de los damnificados fue desgarrador. Carlos Enrique Avilés Díaz, quien perdió a su esposa en la explosión, narró con dolor su experiencia, acusando a Solgas de falta de humanidad. «Mi esposa estuvo en la UCI casi tres meses antes de morir. La negligencia de la empresa y la inacción de Osinergmin son inaceptables», denunció Avilés Díaz.

Las congresistas Susel Paredes y Sigrid Bazán, presentes en la audiencia, saludaron la iniciativa de convocar a todas las partes involucradas y criticaron la insuficiente acción de resarcimiento para los damnificados.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL