La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó, por mayoría, el informe N.º 4-2022, recaído en el Proyecto de Ley N.º 735/2021, que propone modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 30864, Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, egresado del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

El documento fue elaborado por el Grupo de trabajo para el estudio de las iniciativas legislativas sobre el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, que coordina el legislador Alfredo Azurín Loayza (SP).

El informe recomienda elaborar una fórmula legal con el objeto de modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 30864, Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, egresado del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendido en el artículo 62 de la Ley 25066 y el Decreto Supremo 019-90-IN.

Ello con el fin de incorporar al personal de la PNP en situación de actividad, egresado del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, promociones 1995, 1996 y 1998 comprendido en el Decreto Supremo 010-2005-IN.

“Se trata de las promociones de los años 1995, 1996, 1998 comprendido en el DS 10-2005-IN que fueron excluidos injustamente de los beneficios otorgados por la Ley 30864”, dijo Azurín Loayza al exponer el informe.

Agregó que la iniciativa incorpora excepcionalmente y por única vez a la categoría de Oficiales en el grado de Teniente PNP en la condición de efectivo a profesionales de laboratorio clínico y enfermeras que egresaron del Centro de Formación Profesional de Sanidad de la PNP, a quienes además se les reconoce su antigüedad desde la fecha de ingreso al mencionado centro de formación.

Al respecto, el congresista Héctor Valer (PD) se mostró disconforme con la propuesta. Dijo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni autorización para ascender al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales.

“Se está cargando presupuesto al Ministerio del Interior. Además, se está ascendiendo a personal de la PNP dejando un precedente para futuros reclamos”, sostuvo.

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP) dijo que la norma restablece el derecho de la mujer policía que ha sido vulnerada, maltratada y manoseada en su carrera.
“Esto va más allá de resarcir a estas personas cuya carrera ha sido manoseada de una manera incomprensible”, dijo.

El parlamentario Roberto Chiabra León (APP) consideró que con esta propuesta legislativa se hace justicia porque reconoce el tiempo de servicio que tuvo el personal de la Sanidad como empleada civil.

“No es gollería lo que va tener esa gente que está a una semana de pasar al retiro sin pensión, por el contrario, es el resarcimiento de sus derechos”, precisó.

Seguidamente, la comisión aprobó por unanimidad inhibirse en el proyecto de ley que propone la Ley que incorpora la alerta AMBER como medida para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. El titular del grupo de trabajo, José Williams Zapata, consideró que la propuesta será trasladada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Mujer y Familia.

SUSTENTACIÓN

Previamente, el parlamentario José Jerí Ore (SP) sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone modificar el artículo 7 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Dijo que su propuesta propone la inclusión de un representante de la Junta Vecinales como miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), con la finalidad de que participen en la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional.

De igual forma, el legislador José Williams Zapata (Avanza País) sustentó la iniciativa legislativa de su autoría que propone que la Ley que regula el numeral 4 del artículo 54 de la Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar.

Sostuvo que la propuesta tiene por objeto establecer como asignación económica el equivalente a la Remuneración Mínima Vital (RMV) para los voluntarios del servicio militar acuartelado.

OFICINA DE COMUNICACIONES