Con 73 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión investigadora multipartidaria para el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas o sancionar la conducta de los funcionarios y servidores públicos que resulten responsables de incumplir con las medidas sanitarias y de protección a la ciudadanía frente a la COVID-19 en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en el mercado Tierra Prometida en Santa Anita y en los servicios de transporte público de pasajeros de Lima y Callao, desde el inicio del estado de emergencia nacional por la pandemia sanitaria del coronavirus hasta la actualidad, constituida por la Moción de Orden del Día 14102.

Sustentó el informe el congresista Guillermo Aliaga Pajares (SP), presidente del grupo de trabajo, quien señaló que su comisión tuvo 45 días hábiles para la investigación e informó que entre sus conclusiones y recomendaciones se propone enviar el presente informe final de la comisión investigadora al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que accione penalmente, según sus atribuciones y autonomía, contra las personas a quienes se le imputa responsabilidad penal.

«Se recomienda, además, denunciar constitucionalmente al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, por presunta infracción de los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, en virtud de las irregularidades y hallazgos advertidos en el presente informe final”, sostuvo Aliaga.
Asimismo, “se recomienda denunciar constitucionalmente al ministro de Transportes y Comunicaciones Eduardo González, bajo la modalidad de antejuicio político por la presunta comisión de delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, establecido en el artículo 269 del Código Penal en ejercicio de sus funciones como ministro de Estado en virtud de las irregularidades advertidas en el presente informe final», afirmó Aliaga.

También, indicó que se enviará el presente informe final al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Alcaldía de Lima, a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a la Empresa Municipal de Mercados (S.A. EMMSA), para que apliquen las medidas sancionadoras, correctivas y de prevención de las inacciones, omisiones, deficiencias, inconductas, irregularidades e ilegalidades que se han acotado en este documento, según sus atribuciones y autonomía.

Durante el debate, el congresista Leonardo Inga Sales (AP) aseveró que, en el informe final, entre sus recomendaciones y conclusiones no se habría puesto una sanción a los involucrados, en especial a la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara Risco.
Del mismo modo, el parlamentario Luis Simeón Hurtado (AP) afirmó que en el informe existen contradicciones en temas administrativos y constitucionales. «El encontrar mascarillas en el ATU no implica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para denunciarlo», dijo.

Por su parte, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) sostuvo lo siguiente: “Los colegas parlamentarios no se dan cuenta que cuando agravian al Congreso, se agravian a ellos mismos. Yo he sido ministro de Estado y he sido llamado al Congreso; en una oportunidad, fui acusado constitucionalmente y un ministro de Estado no puede ser responsable de todas las unidades ejecutoras y de todos los órganos internos que hay. Hay que tener mucho tino para acusar a una persona”.

OFICINA DE COMUNICACIONES