Congresistas de la Comisión de Producción expresaron su rechazo a que se aplique la ley de flagrancia a los pescadores artesanales que hayan incurrido en la captura de recursos marinos de tallas no permitidas.

Fue durante la presentación del viceministro de Pesquería, Juan Carlos Requejo, quien concurrió a la comisión para explicar los alcances de la norma que ha ocasionado controversia entre los pescadores del norte del país, pues establece sanciones de cinco años de cárcel para los que vulneren la ley.

Requejo afirmó que efectivamente existen problemas con embarcaciones que carecen de permisos de pesca, con las que incurren en pesca con redes de arrastre dentro de las cinco millas marinas, pero aclaró que en ningún caso se encargan de inspeccionar los casos de permisos o de las tallas de las especies.

El viceministro afirmó que su sector se encarga de los asuntos normativos y que todo aquello que tiene que ver con asuntos penales está en manos del Ministerio Público. Afirmó que se han pronunciado por la aplicación gradual de la ley de flagrancia para evitar que se produzcan excesos en las sanciones.  

Los congresistas Celia Anicama (D y D) y Fredy Sarmiento (FP) expresaron que con esta medida se estaría afectando a los pescadores artesanales que realizan una pesca de subsistencia, en momentos en que el tamaño de las especies ha variado sustantivamente, sin que el Instituto del Mar Peruano (IMARPE) haya realizado un nuevo estudio de reclasificación de tallas.

Afirmaron también que el ministerio no se encarga de frenar la acción de buques arrastreros que pescan en la zona prohibida, es decir dentro de las cinco millas marinas en la que solo se permite la pesca artesanal. 

De otro lado, se presentó el alcalde del distrito de La Victoria, Elías Cuba, quien fue citado para responder acusaciones de un grupo de emolienteros que denunciaron que se les obliga a para 11 soles diarios para poder trabajar en las calles, pues, en caso contrario, se les descomisa sus puestos de trabajo, según denunció el congresista Ángel Neyra (FP).

El alcalde reconoció que existían diferencias con un grupo de emolienteros y prometió hacer esfuerzos para resolverlos, ante la conminación del congresista Rogelio Canches, quien ejercía la presidencia de la Comisión. Asimismo, se informó que se volvería a citar al alcalde de San Juan de Miraflores por idéntica situación.

PRENSA-CONGRESO*

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