Con la participación de representantes de los diversos actores del sistema de justicia se realizó en la ciudad de Arequipa la III Audiencia Pública «Hacia una Reforma Penitenciaria integral y la implementación de Unidades de Flagrancia en el Perú», organizada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Isaac Mita Alanoca.

El legislador  Alanoca se mostró satisfecho por el resultado de  la audiencia que ^incidirá en la mejora de la administración de justicia y la seguridad ciudadana».

Anunció que el próximo mes de abril el dictamen se aprobará en la Comisión de Justicia y quedará expedito para su debate en el Pleno del Congreso

Audiencia Pública

A marzo del presente año 2025 la población penal nacional asciende a 100 mil 950 internos, lo cual sindicó que los establecimientos penales tiene una sobrepoblación del 102 por ciento y en algunos casos supera el 400 0 500 por ciento, informó Joel Quezada Márquez, director regional Sur INPE – Arequipa.

Los delitos con mayores sentenciados son contra el patrimonio, robo y la libertad sexual.

En los últimos 3 años se incrementó significativamente el número de internos extranjeros, expresó.

El funcionario del INPE pidió que se aplique el concepto de flagrancia a quienes son intervenidos  con en el acceso a los penales con sustancias prohibidas, teléfonos celulares o chips para operarlos.

En su intervención la representante de la Defensoría del Pueblo Tatiana Leves Murillo, consideró que se deben construir más penales en el país pero bajo el concepto de  cárceles productivas, para que los internos puedan apoyar económicamente a sus familiares.

También atribuyó al uso excesivo de la detención preliminar, lentitud del Poder Judicial y la falta de partidas presupuestales el incremento de la población penal.

La representante del Ministerio Público Khaterine Borrero Soto, Fiscal Superior Provisional y Coordinadora Nacional de las Fiscalías Penales,  planteó que se otorgue los recursos necesarios para su integración  en las Unidades de Flagrancia, a todas las entidades de la administración de justicia.

También consideró necesaria la participación de municipalidades  y regiones en la conservación y entrega de los registros de video vigilancia, que utilizan como elementos probatorios de los presuntos delitos en el inicio de los procesos de investigación

Borrero Soto pidió que las actas de intervención que realiza la policía se efectúen de forma correcta para dar paso al proceso en el Ministerio Público.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa John Mesías Romero, exigió que se implemente el laboratorio de criminalística de la ciudad.

El equipo de última generación llegó hace dos años pero aún no funciona retrasando los peritajes y el accionar de la justicia, refirió.

En la Audiencia Pública participaron también representantes del Poder Judicial, Policía Nacional y la Defensa Pública.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL