La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conducida por su presidente Carlos Pérez Ochoa (AP), se reunió esta mañana para llevar a cabo la audiencia respecto de la Denuncia Constitucional N.° 366 por antejuicio político.

Se trata de la denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, el ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas y los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Orlando Velásquez Benites y Julio Gutiérrez Pebe, por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano.

La sustentación de informe de la denuncia estuvo a cargo del congresista ponente Gino Costa Santolalla (PM).
“La denuncia se sustenta en cinco hechos: favorecimiento al rondero Villalobos, favorecimiento a la editorial Corefo, favorecimiento al fiscal Delgado en proceso por violencia familiar, favorecimiento al fiscal Delgado para el concurso para plaza de fiscal superior penal de Lima, y por la pertenencia de los denunciados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao”, dijo el legislador.

Respecto al primer hecho, Costa Santolalla precisó que el rondero Segundo Villalobos fue sentenciado en el 2016 en primera instancia en Moyobamba, San Martín, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por tenencia ilegal de armas. En segunda instancia, la pena se incrementó a cinco años y ocho meses.

“Con el caso en la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Gálvez le solicitó al juez Hinostroza, quien presidía la Sala, que intercediera a favor del rondero para remediar una injusticia”, agregó.

En relación con el segundo hecho, dijo que Corefo, editorial dedicada a la compra y venta de libros, interpuso el 20 de abril de 2017 recurso de casación ante la Corte Suprema, a fin de que se revocara las sentencias de segunda instancia que confirmaba las multas impuestas a la empresa por la Sunat.

“Mauricio Arrieta, representante de Corefo, solicitó el apoyo del juez Hinostroza para que lo ayudara a resolver favorablemente la casación”, precisó el legislador.

Agregó que el juez Hinostroza enterado que el expediente se encontraba en manos de la Fiscalía, acudió al fiscal Gálvez para que ayudara a Arrieta. Gálvez puso a Arrieta en contacto con el fiscal del caso, Fernández, a quien le correspondía presentar el dictamen. Luego, a pedido de Gálvez, el fiscal recibió personalmente a Arrieta y a su abogado.

Sobre el tercer hecho, Costa Santolalla explicó que Walter Delgado, fiscal provincial anticorrupción, se encontraba interesado en acceder a una plaza de fiscal superior penal de Lima que estaba pronta a ser puesta a concurso por el CNM. Tiene, sin embargo, un problema: una investigación por violencia familiar abierta por denuncia de su esposa.

“Para resolver su problema, Delgado busca a su amigo el fiscal Gálvez, quien le pide al juez Hinostroza interceder por su amigo Waltercito”, dijo.

Agregó que el fiscal Delgado se comunica con Hinostroza para recordarle que está pendiente de que se materialice su ayuda; por lo que Hinostroza lo cita para conversar personalmente e indicarle el nombre de la persona que lo ayudará a archivar la investigación por violencia familiar, lo que eventualmente ocurrió.

Respecto al cuarto hecho, el parlamentario precisó que el fiscal Delgado se presentó al concurso convocado por el CNM para una plaza de fiscal superior penal de Lima, en el que participan otros 40 postulantes.

“Delgado obtuvo el segundo lugar, quedando como candidato en reserva en caso se abriera una nueva plaza”, dijo Costa al tiempo de subrayar que antes y durante el concurso, Delgado recibió el apoyo del fiscal Gálvez, el juez Hinostroza y los entonces consejeros del CNM Gutiérrez Pebe y Velásquez.

Finalmente, con respecto al quinto hecho sobre la pertenencia de los denunciados a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, dijo que se deriva de los hechos precisados anteriormente.

“Los cuatro hechos ilícitos anteriormente presentados no hubieran sido posibles sin el concurso de voluntades en las más altas esferas del Poder Judicial, el Ministerio Público y el propio CNM. En estos casos, el rol del juez Hinostroza fue fundamental en la primera; el del fiscal Gálvez, en la segunda; y el de los consejeros Gutiérrez Pebe y Velásquez, en la tercera”, dijo el legislador.

Por los hechos mencionados a los cuatro denunciados se les imputa los delitos de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, por su presunta pertenencia a «Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Además, a Hinostroza y a los exconsejeros Velásquez y Gutiérrez se les imputa cohecho pasivo especifico, tipificado en el artículo 395 del Código Penal; a Hinostroza, Gálvez y Velásquez, patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 385 del Código Penal; y a Hinostroza y Gálvez, tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal y cohecho activo especifico, tipificado en el artículo 398 del Código Penal.

JULIO GUTIÉRREZ PEBE

El acusado Gutierrez dijo que viene siendo investigado por la Fiscalía y por el Poder Judicial por tres hechos: “el nombramiento de un fiscal Mamani, cuyo ponente no he sido yo, el nombramiento del fiscal Catahuampa y la ratificación del exjuez Chang Recuay”.

“En ninguno de los tres hechos he sido ponente, sin embargo, estuve en prisión preventiva 18 meses y salí por vencimiento de la prisión preventiva”, agregó.

Dijo que ahora se la acusa de ser ponente. “Yo no he pedido ser ponente, sino la dirección de selección y nombramiento que por orden de ingreso al CNM –yo era el más antiguo– se me asignó ser ponente en el caso del señor Delgado, que ni lo conozco”.

Lo que me preocupa –dijo– es que no se tiene en cuenta que las comisiones de selección y nombramiento tienen el 90 % de la decisión de nombrar a un juez o fiscal y dejan el 10 % a los cuatro exconsejeros. “Yo veo que la comisión de selección y nombramiento, tanto del Ministerio Publico como del Poder Judicial, lo llaman, pero en condición de testigos y no son investigados de nada. Yo no digo que dejen de investigar, que sigan investigando de manera objetiva”, agregó.

Posteriormente, fue su abogado Yuri Flores quien continuó ejerciendo su derecho a la defensa.

CÉSAR HINOSTROZA

Al hacer uso de su defensa, César Hinostroza observó que en el informe de determinación de hechos y de pertinencia de pruebas, elaborado por el congresista Costa Santolalla no se habría incluido el delito de formar parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos de Puerto”.

El parlamentario rechazó la observación argumentando que si ha sido considerado; sin embargo, Hinostroza Pariachi insistió y dijo lo siguiente: “¿De qué me voy a defender si no está el hecho imputado en el informe?”.

Sobre el presunto favorecimiento de Segundo Villalobos en la Casación N.° 1654-2017, tramitada ante la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, dijo que “no hay ningún indicio de que él que habla haya favorecido a Villalobos Zárate” además refirió que “el señor Nemesio ha dicho que no me conoce”, entonces ¿dónde está el favorecimiento?, preguntó el letrado.

“Considero que no existe ningún elemento de convicción que acredite los delitos que se me han imputado tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal y solicito que en el informe final se archive esta denuncia”, concluyó Hinostroza.

Antes de otorgar el uso de la palabra al denunciado Tomas Gálvez Villegas, quien se encontraba en la plataforma virtual, el congresista Pérez Ochoa suspendió la sesión por no tener el quorum necesario para continuar la audiencia.

Antes, Hinostroza Pariachi observó que la exposición de sus descargos se habría realizado sin quorum, por lo que solicitó la nulidad de esta.

En la sesión también participó el fiscal adjunto supremo y coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Luzgardo Ramiro González Rodríguez, quien dio detalles de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación.

OFICINA DE COMUNICACIONES