La introducción de reformas macroeconómicas en la década de los  90 y que luego generaron mejoras significativas  en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, por lo cual el Perú tiene que reafirmar su intención de hacer de la política relacionada con la prestación de servicios públicos (agua, salud, electricidad y transporte) un elemento esencial de su motivo para el desarrollo.

Así lo señala el plan de trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor  y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el congresista Miguel Castro Grández (FP), que además contiene 18 temas centrales para la gestión legislativa 2017-2018.

Por tal motivo, el grupo de trabajo se encuentra obligado a adoptar las mejores prácticas internacionales sobre calidad regulatoria principalmente a través del fortalecimiento y autonomía de los organismos reguladores y fortalecerá la gobernanza del INDECOPI, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a nivel internacional, lo cual permitirá formar parte de ese organización.

Señala que otro de los objetivos es solucionar de manera efectiva las situaciones que impliquen la vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, a través de la implementación del Observatorio Nacional de Textos Escolares –OBNATE- , que constituyen herramientas para generar, monitorear y analizar de manera constante información que permita la formulación e implementación de políticas, planes y programas que respondan a las expectativas de los consumidores y usuarios.

Precisa, igualmente, que se verificará la prestación de servicios públicos idóneos y de calidad con tarifas sustentadas para combatir los cobros indebidos, así como fiscalizar los procedimientos para el licenciamiento de las universidades por parte de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU). Además, verificar el cumplimiento de inserción laboral, infraestructura adecuada, planes de investigación y objetivos académicos.

Asimismo indica que se promoverá que las compañías de seguro de salud no varíen las pólizas que se contratan,  se comenzará con el establecimiento de un horario que regule las llamadas telefónicas para promocionar productos o servicios y se realizará una severa fiscalización a las plataformas de taxis por haber sido denunciados por diferentes usuarios.  (JON)

PRENSA-CONGRESO 31-08-17      

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